El fiscal delegado de Medio Ambiente e Incendios, Álvaro García Ortiz, ha trasladado al juzgado de Arzúa dos denuncias presentadas por distintos colectivos contra la mina de Touro-O Pino.
Según informa la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), la primera denuncia hace referencia a los vertidos de la balsa de Bama al río Brandelos (un afluente del río Ulla) y al depósito de materiales presuntamente contaminantes procedentes de la antigua explotación minera.
La segunda demanda se centra en los vertidos de la balsa de Angumil al dominio público.
La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) aglutina a decenas de cofradías y otras asociaciones del sector del mar contra la mina de Touro, al considerarla "un cáncer para la ría", tal y como han advertido en multitud de ocasiones durante estos años de lucha.
Además de las dos denuncias presentadas por los colectivos, el fiscal de Medio Ambiente trasladó a la PDRA y a ADEGA en una reciente reunión que mantiene abiertas otras dos diligencias de investigación penal relacionadas con la contaminación en la mina. Concretamente el Ministerio público está investigando el tratamiento de las aguas procedentes de la antigua corta de Arinteiro y la aplicación de tecnosuelos en las cabeceras de los ríos.
Según el comunicado emitido por ADEGA, la Fiscalía consideró "bien fundamentadas" las denuncias de los colectivos opuestos a la reapertura de la mina, ya que entiende que las nuevas explotaciones proyectadas "no ayudarán a resolver el problema de la contaminación en la zona".
El fiscal aseguró a los ecologistas y defensores de la ría de Arousa que la anterior explotación carecía de un plano de restauración serio y que los promotores del nuevo proyecto deberán encargarse de que el espacio sea recuperado.
Para ADEGA y la PDRA resulta "evidente" que "la contaminación provocada por las labores mineras en Touro y O Pino dio lugar a responsabilidades penales que deben ser depuradas por la justicia". "Estas responsabilidades atañen no solo a las empresas que ostentan la titularidad de la explotación y operan en la zona, sino también a las administraciones, que conociendo la grave contaminación provocada por la antigua mina, hicieron la vista gorda durante años", reza el comunicado de los ecologistas y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.
Los colectivos creen que la reapertura de la mina no ayudará a resolver la contaminación en la zona y aprovechan para exigir a la Xunta que rechace el proyecto para retomar la actividad.
