La Plataforma Stop Desahucios ha terciado ante la situación de Cristina Allende Pozuelo, vecina de A Illa, aunque natural del País Vasco y que se ha asentado hace dos años junto a su marido en un piso alquilado en el municipio arousano procedentes de Sevilla.
Alegando graves problemas económicos y falta de ocupación laboral, el matrimonio reconoce mantener una deuda con la familia propietaria de la vivienda. Apunta Allende que "debemos aproximadamente un año del alquiler. Pagábamos 300 euros al mes, pero es que ahora mismo no podemos hacerle frente y por eso nos están haciendo la vida imposible".
El matrimonio ha interpuesto varias denuncias tanto en la Policía Local de A Illa como en la Guardia Civil señalando haber sufrido supuestas amenazas e incluso agresiones físicas por parte de la familia del propietario. "Nos encontramos pegamento en la cerradura, el perro que teníamos murió envenenado y desde hace tres meses y medio estamos sin agua ni gas. También aparecieron pinchadas las cuatro ruedas del coche. Vivimos en una situación de miedo horrible", apunta Allende Pozuelo.
También hace referencia la inquilina deudora a una supuesta agresión que tuvo lugar en un garaje de la localidad. Asegura que "una de las familiares me pegó por decirle que sacara el coche de una plaza que es de mi padrastro. Está todo denunciado porque tampoco es la primera paliza que me da", afirma.
Preguntada por la opción de abandonar el domicilio del que ha dejado de pagar el alquiler, la señora de 47 años apunta que "hasta el 10 de enero no cobro el subsidio y necesito tener algo de dinero para poder pensar en irme a otro sitio".
También existe una denuncia de la familia propietaria de la vivienda, cuestión a la que se refiere Allende Pozuelo "a una artimaña para desahuciarme. Nos hacen estas cosas para que nos manden la carta de desahucio. Pretenden que nos vayamos". El hecho de no hacer frente a las mensualidades está generando una situación de difícil gestión, puesto que la familia propietaria también quiere defender sus derechos respecto a un piso que está siendo ocupado por personas que reconocen que tienen contraída la deuda.
