El Reglamento General de Costas que redacta el Gobierno de España genera un rechazo creciente en Galicia. Cada vez son más las voces contrarias al articulado, el cual limita los periodos de concesión para que puedan operar en el litoral gallego empresas depuradoras,cocederos y conserveras.
Esta nueva legislación también condiciona el trabajo de los bateeiros, cofradías y, en buena lógica, el de todo tipo de negocios que, directa o indirectamente, viven del mar. De ahí que empresarios y productores empiecen a movilizarse, convencidos de que el Reglamento de Costas "condena a muerte no solo a una gran cantidad de industrias, sino también a numerosos pueblos del litoral gallego".
El primer paso fue la reunión mantenida el viernes en la sede de Mexillón de Galicia (Vilagarcía), de la que informó FARO DE VIGO ayer. El siguiente, como también se avanzó, son las asambleas que van a celebrarse prácticamente en cada puerto. El decisivo, si este conflicto no se zanja antes, será el de las movilizaciones, en las que algunos ya piensan con fuerza.
Son muchas las reacciones que dejan patente el enfado del sector y su preocupación ante un futuro que creen comprometido. Es imposible recogerlas todas, pero las que se resumen a continuación dan una idea de cómo están las cosas:
El sector depurador juega un papel trascendental, ya que prácticamente todo el bivalvo que se cultiva o extrae en Galicia pasa por sus manos; de lo contrario no es apto para el consumo humano directo. Para desarrollar su labor "es imprescindible que nuestras instalaciones estén situadas en la franja costera, lo cual es algo que el Reglamento trata de limitar". Así lo cree Roberto (Tito) Fariña, el presidente de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), uno de los representantes del sector que rechazan frontalmente la propuesta y participaron en la reunión del viernes en Mexillón de Galicia; encuentro que bien puede marcar un punto de inflexión en todo este conflicto.
"Pocas veces esa sala de reuniones tuvo una representación tan amplia de los sectores del mar-industria de Galicia, ya que allí estaban bateeiros, depuradores, conserveros, cofradías, cocederos, titulares de parques de cultivo y asesores legales y financieros preocupados por el futuro", explica.
Es, a su juicio, prueba suficiente de que el borrador del Reglamento de Costas, y más concretamente su artículo 135, se considera un ataque directo a la línea de flotación del colectivo. Preguntado por su postura, Tito Fariña responde que "el pasado miércoles la CEOE comunicó a las patronales sectoriales gallegas el resumen sobre la reunión del grupo de trabajo formado por dos representantes ministeriales, tres asociaciones ecologistas y un responsable de la propia CEOE para analizar tal Reglamento, resultando ser una propuesta incluso mucho más restrictiva que la que se había debatido en marzo, ya contraria a los intereses de Galicia".
Así las cosas, "el 135 es una propuesta imposible de digerir por el sector del mar, especialmente porque la autorización de las concesiones en dominio público marítimo terrestre pasa a ser potestad de la administración con un periodo máximo total de 30 años, aunque podrá fijar un plazo incluso inferior aplicando unas normas o condiciones abstractas y de efectos impredecibles". Lo que quiere decir es que para otorgar o no una concesión "se valorarán impactos como la erosión o el cambio climático que quedan a la libre interpretación de la Administración central o del técnico de turno, que incluso podría limitarlas a solo 3 años".
Todo esto pone en jaque unas instalaciones depuradoras y transformadoras "esenciales para seguir desarrollando buena parte de las actividades relacionadas con el mar", especialmente en lo que se refiere a marisqueo y cultivo de mejillón. Dicho de otro modo, que está en juego el futuro de, entre otras muchas empresas -conserveras, cocederos, piscifactorías y demás-, una treintena de firmas asociadas en Agade, que en 2018 "depuró y distribuyó 200 millones de kilos de producto; prácticamente el 100% del marisqueo gallego y al 65% de la acuicultura del mejillón".
El propio Tito Fariña resalta que "si bien la masa laboral de las depuradoras no es significativo, con 1.500 puestos de trabajo, sí se trata de un elemento imprescindible y necesario para todo el sector primario a nivel socioeconómico, ya que para canalizar la distribución de sus productos los bateeiros y mariscadores dependen directamente de nuestras empresas ".
Todo esto, insiste, se ve ahora amenazado, al igual que "las inversiones y proyectos que a día de hoy están esperando encima de la mesa sin un destino claro, pues ningún sector económico invierte si nos encontramos en una situación de inseguridad jurídica como la que provoca este nuevo Reglamento".
Quiere dejar patente, así, que "no habrá ninguna empresa que invierta ni siquiera en la compra de un lápiz si la decisión sobre su continuidad futura viene derivada de una estimación que queda en manos de un departamento en Madrid y puede limitarse a 3 o 15 años".
Termina diciendo que "lo que no se entiende es el hecho de que tres asociaciones ecologistas y tres responsables del Ministerio para la Transición Ecológica pongan contra las cuerdas al principal sector económico gallego, históricamente generador de empleo y riqueza; nadie en su sano juicio se explica cómo el actual Gobierno de España no escucha los mensajes que se le están enviando desde Galicia para tratar de revertir esta situación".
Javier Blanco, presidente de la asociación de bateeiros Ventos da Ría, dice estar "muy preocupado" porque la medida en estudio "afecta también a la actividad de los mejilloneros". Esto es así porque "los criterios de renovación de las bateas vuelven a quedar en el aire, de ahí que estemos estudiando detenidamente el artículo 135 para adoptar las acciones necesarias".
Lo que reclama, como tantos otros, es "que desde el Gobierno de España se tengan en cuenta las singularidades de Galicia, sus trabajadores y empresas del mar, pues solo así podrán respetar al que es uno de los principales motores económicos de esta comunidad".
A su juicio, "si el Reglamento de Costas se acepta como se está redactando se dicta una sentencia de muerte para muchos municipios costeros, ya que no solo nos veremos afectados los bateeiros, cofradías, cocederos, conserveras y depuradoras, sino que, indirectamente, lo que quieren hacer repercutirá de forma drástica en el conjunto de la localidad".
Blanco termina diciendo: "Se trata de luchar por el futuro de Galicia y las generaciones venideras; un futuro que no existe si se limita la actividad productiva y transformadora en nuestra costa". Esto le lleva a pedir "que la Consellería do Mar siga involucrándose como ya está haciendo en este gran frente social que se está formando para frenar esa norma que tratan de imponer desde Madrid".
