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Reclamación paralela ante ADIF

Las primeras expropiaciones u ocupaciones de terrenos se realizaron en el año 2009, pero en 2012 fue preciso recurrir a una segunda oleada para ampliar el periodo de utilización de dichas parcelas. Fruto de este proceso Manuel Romero Castañeda adquirió la condición de perjudicado por partida doble, tanto debido al dinero que se le ofrecía como por el estado en que quedaron las fincas que invadieron y modificaron las obras. Respecto a lo primero, al octogenario le ofrecieron "un precio ínfimo en la segunda ocupación, por el periodo 2012-2016, y lo que hizo el TSXG fue sentenciar que el Estado debería pagarle lo mismo que en la ocupación inicial, la de 2008 a 2012, ya que se trataba de la misma finca".

En cuanto al estado de sus terrenos, de la mano del abogado Luis Rei sigue un proceso paralelo que, previsiblemente, derivará en otro contencioso, en este caso reclamando al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que pague la compensación correspondiente. Alega el catoirense damnificado que la finca se anega con pleamar, y por tanto, que ya no sirve para cultivo. Pero también que uno de los pilares que sujetan la estructura ferroviaria, a sesenta metros de altura, se encuentra en medio de la propiedad, convirtiéndola, igualmente, en inservible. El abogado explica que, a priori, ADIF niega la mayor, pero él y su cliente confían en las posibilidades de este recurso porque disponen de informes que "sin margen de error o duda posible" demuestran que "el estado actual de la finca no tiene nada que ver con el que presentaba cuando fue ocupada".

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