La plataforma Stop Desahucios de Arousa y Barbanza lanza una llamada de atención a las autoridades y a la ciudadanía en general reclamando ayuda y compromiso social. Desde la asociación se critica duramente el programa Vivendas Baleiras puesto en marcha por la Xunta en el año 2016 que, en palabras de José Manuel Pena, responsable del grupo, "es un fracaso ya que en casi la totalidad de concellos no se dispone de ninguna vivienda adherida al programa y no se ofrecen alternativas habitacionales para aquellos que están en riesgo de lanzamiento".
Las principales reclamaciones del portavoz están ligadas a esa escasez de viviendas disponibles: "Tan solo tenemos 7 u 8 viviendas en Rianxo, en un antiguo colegio que se habilitó. En el resto de ciudades de la ría de Arousa no hay disponibilidad. El mayor problema lo tenemos en Vilagarcía y Ribeira, que es donde más falta hacen", subraya.
La asociación reclama, como durante todos estos años en los que el problema ha ido en aumento, más colaboración, especialmente por parte de las autoridades y de las entidades financieras: "Con los bancos negociamos en casos de impago de las hipotecas y logramos prórrogas gracias a tramitar acciones como el Código de Buenas Prácticas o a subvenciones como los alquileres sociales o las moratorias", dice.
Las relaciones de alquiler son, sin embargo, un trabajo mucho más problemático para la plataforma y afirma que "nosotros apenas podemos hacer nada cuando se trata de una relación de inquilino y casero, ya que son privadas y en caso de denuncia interviene una orden judicial de desalojo, situación que se escapa de nuestras competencias".
"Llevamos años trabajando en la conciencia social, insistiendo en que los alcaldes creen campañas informativas para que la sociedad en sí se de cuenta de lo grave de la situación", dice con respecto al trabajo que realizan con los gobiernos locales. Pena hace hincapié en el papel de los Ayuntamientos ya que confirma que hay muchas viviendas disponibles en manos de particulares que no se prestan a participar en este programa de la Xunta por miedo a posibles impagos o por temor a un hipotético desperfecto en sus propiedades: "La gente no es consciente de que si participas en estos alquileres las autoridades te dan un seguro y unas garantías de pago, por lo que es una relación totalmente fiable en la que el riesgo es nulo. Si los propietarios de los pisos supieran esto, se solucionarían nuestros problemas de espacio", afirma indignado.
Quienes desempeñan un papel muy relevante en estos casos de alquiler son las ONGs, ya que intentan aportar una o dos mensualidades para posponer el lanzamiento de aquellos que están en riesgo. "El problema es que es una solución temporal, un parche, ya que después de pagar esos dos meses, tampoco pueden hacerse cargo de la situación", cierra.
Familias vulnerables
Las familias gallegas en esta situación están compuestas por parejas jóvenes y con hijos todavía muy pequeños. "Son familias con ingresos muy limitados, de entre 300 y 400 euros que reciben mediante pensiones o ayudas de la Xunta", afirma el portavoz. Estos ingresos, contando que los alquileres en la ría oscilan entre sobre los 300 euros, no son suficientes ya que, en palabras de José Manuel Pena, "también hay que pagar la luz o la comida".
Estas familias son todas, por lo menos en el área en el que trabaja la cooperativa arousana, de origen nacional: "A nosotros no ha acudido ninguna familia extranjera. Trabajamos íntegramente con españoles", dice. Esta situación se da, principalmente, porque aquellos que vienen de otros países como Marruecos o Senegal tienen otra forma de encontrar vivienda.
