La huelga indefinida entre los trabajadores judiciales de Galicia continúa haciendo mella en los Juzgados de Vilagarcía de Arousa y de Cambados. Al menos seis de los juicios previstos para la jornada de hoy en la sala de vistas vilagarciana tendrán que ser suspendidos, en tanto que solo se mantienen los servicios mínimos, que son obligatorios y que están estipulados por la Administración autonómica.

Los trabajadores de las dos sedes judiciales de la comarca estuvieron durante toda la mañana pendientes de las negociaciones que los delegados sindicales mantuvieron con la representación de la Xunta de Galicia en Santiago. Pero este encuentro finalizó sin acuerdo, aunque fueron acercándose algo las posturas en materia económica.

Los representantes de los sindicatos han convocado a los trabajadores judiciales de Pontevedra y su área de influencia a una asamblea informativa que se celebrará este mediodía en las instalaciones judiciales de A Parda, donde explicarán los detalles de la negociación y se abordará la estrategia a seguir en la reivindicación de las mejoras que provocaron la huelga indefinida.

Ayer en los Juzgados 1 y 2 de Vilagarcía solo hubo servicios mínimos establecidos por la Xunta, por lo que puede decirse que el seguimiento de la huelga fue total. En el Juzgado número 3, de guardia en estos días, además del personal obligatorio de servicios mínimos hubo dos trabajadores que no se sumaron al paro indefinido.

Un comportamiento diferente se registra en Cambados donde el seguimiento de la huelga es total y solo se registran los servicios obligatorios estipulados desde el Gobierno gallego.

La huelga comenzó la pasada semana, por lo que ya hubo más de 40 vistas orales suspendidas entre las sedes judiciales de Cambados y Vilagarcía de Arousa.

En este último partido judicial la situación es especialmente complicada por la gran carga de trabajo que soportan sus tres juzgados, lo que provoca un retraso en las diligencias que se tramitan.

En reiteradas ocasiones tanto los representantes de los funcionarios judiciales como de los ciudadanos en el Concello de Vilagarcía de Arousa han demandado la creación de la cuarta sede judicial, que fue apoyada por los profesionales del ámbito judicial. Sin embargo, esta petición chocó frontalmente con la decisión de la Administración que solo accedió a conceder la cuarta sede judicial para Cambados.

La consecuencia es que los vecinos de los municipios de Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa y Catoira, que en épocas normales suman 55.000 habitantes, cifra que se puede multiplicar por tres en la época estival, se consideran ciudadanos de segunda ante la Justicia porque sus pleitos tardan más tiempo en resolverse.

Demandas del personal

En cuanto a las demandas de los trabajadores judiciales gallegos que originaron la huelga indefinida, una de las principales es la equiparación salarial con empleados de los juzgados de otras autonomías. También piden que no les bajen la nómina cuando están de baja laboral, una situación que no afecta ni a los jueces ni a los secretarios.

La Xunta de Galicia considera este planteamiento en el actual ejercicio económico "imposible". Al finalizar la negociación de ayer sin acuerdo, los representantes de la Administración autonómica señalaron que las posturas siguen distanciadas y que la propuesta que presentó ayer a los sindicatos "es la última" y que mejoraba la anterior en una media del 20%.

Los detalles de la propuesta serán explicados hoy por los delegados sindicales en la asamblea con los trabajadores.

Por su parte, los socialistas de la provincia de Pontevedra daban a conocer ayer su apoyo a los trabajadores de la Justicia.

El secretario provincial, David Regades, calificó de "ridícula" la última oferta presentada por la Xunta que cuantificó en una subida de 15 euros mensuales, cuando los sindicatos están cifrando la pérdida adquisitiva de los empleados judiciales en más de 3.500 euros anuales.

Regades apuntó que la huelga indefinida iniciada el pasado miércoles "es un paro nacido de la dignidad de unos trabajadores que ven como se conculcan sus derechos salariales y como no se atienden sus demandas de aumento de personal que redundaría en beneficio de todos".

El socialista pontevedrés apuntó que esta huelga va a provocar aún más lentitud en unos juzgados saturados de trabajo, por lo que no entiende la pasividad de la Xunta ante unas reivindicaciones secundadas por el 95% de los trabajadores.