El escrito de acusación del Ministerio Fiscal asegura que como consecuencia de las operaciones ilícitas presuntamente llevadas a cabo por Fabricio Fernández Aguín la cofradía de pescadores San Martiño "se uso en una delicada situación económica y falta de liquidez, de tal suerte que no pudo abonar a la Consellería de Facenda la tasa G-4 derivada de las ventas en lonja durante el periodo 2009-2010".

Fue por ello que "se le impuso un recargo por mora de 46.726,37 euros, más 32.003,19 euros en concepto de intereses, lo que en total supuso un perjuicio de 78.765,56 euros".

El mismo documento hace constar que en septiembre de 2009 el acusado "tuvo conocimiento de que en la cofradía ya habían descubierto ese mes que él era el autor de varias transferencias desde las cuentas corporativas a su propia cuenta bancaria, motivo por el cual pidió una baja por depresión".

Igualmente se recuerda que "antes de que se iniciara contra él un procedimiento judicial por estos hechos confesó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados -el 1 de noviembre de 2011- haberse apropiado de unos 190.000 euros de la cofradía de pescadores San Martiño".

Cabe apuntar que el acusado tenía la categoría profesional de administrativo y desempeñaba las funciones de gestor económico de la cofradía. Según la Fiscalía, entre sus funciones estaban: "Autorizado para disponer de los fondos, rentas y efectos de la cofradía; recuento y custodia del dinero recaudado en lonja y por la actividad de la pescadería; cobro de avales y facturas a clientes de la cofradía; seguimiento, archivo y control de los movimientos contables y de las cuentas del pósito, directamente o por vía telemática; reintegro a acreedores y proveedores y posterior ingreso o retirada de dinero; y confección de los presupuestos y cuentas anuales" de la entidad.