La causa judicial contra Fabricio Fernández Aguín, el excontable de la cofradía de pescadores de O Grove, ya solo está pendiente de juicio. El Ministerio Fiscal da por finalizada la instrucción de la misma, por lo que ahora el extrabajador del pósito deberá responder por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Ahora es el juez el que debe decidir si cierra la instrucción y fija el juicio, momento en el cual tanto el fiscal como la acusación -la cofradía- presentarán los escritos de acusación y exigirán la responsabilidad civil subsidiaria a dos entidades bancarias que, "con su comportamiento negligente y al margen de cualquier orden dada por los órganos rectores de la cofradía, permitieron y posibilitaron que Fabricio Fernández se apropiase durante año y medio de 34.000 euros en metálico directamente desde ventanilla y otros 220.260 euros mediante transferencias bancarias de cuentas de la entidad a las suyas propias, saltándose todas las elementales prevenciones y garantías para ello, como era obtener obligatoriamente la firma mancomunada del patrón mayor".

Eso sin olvidar, como apostilla la acusación, los 212.000 euros que el excontable deberá reembolsar "tras haberlos retirado de la pescadería de la cofradía para su ingreso en cuenta", al igual que se reclamarán "78.765 euros en concepto de daños debido al impago producido a Portos de Galicia".

Con un considerable retraso, ya que inicialmente se esperaba desarrollar la vista en el primer semestre de 2015, el juicio permitirá al pósito meco reclamar para el acusado una condena de once años de cárcel y una indemnización de 584.230 euros, en este caso a pagar subsidiariamente con las dos entidades bancarias; se reclaman 34.000 euros a Banesto y 220.260 euros a La Caixa.

Según el escrito de acusación que se había presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados hace dos años, el imputado posee una vivienda que podría ser embargada para sufragar total o parcialmente la posible multa. E igualmente se dejaba constancia de que el pósito pudo recuperar 7.000 euros que le fueron abonados por una empresa aseguradora, la cual también podría actuar judicialmente contra el excontable para recuperar ese dinero.

La cofradía, por entonces presidida por Francisco Iglesias, se aferra a un perjuicio total cifrado en 582.230,56 euros, que resulta de sumar la cantidad presuntamente defraudada (505.465 euros) mediante la supuesta "desviación de cuentas" del pósito, y la indemnización por daños y perjuicios por el impago de la deuda con Portos.

Inicialmente la acusación solicitaba por el delito de falsedad documental en documento público, oficial y mercantil la pena de tres años de prisión, y multa de dos meses a razón de 10 euros al día; mientras que por el delito de malversación de caudales públicos se solicita la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de quince años.

Año 2010

Según consta en el escrito de acusación, el 21 de junio de 2010, cuando Fabricio Fernández Aguín "tenía encomendada por el patrón mayor la realización y preparación de las cuentas y la memoria del ejercicio 2009, se detectaron operaciones contables anómalas y una deficiente conciliación de bancos o proveedores e irregularidades en asientos contables que fueron apreciadas por la empresa auditora".

Como se informó en su momento, a pesar de los requerimientos realizados, "lejos de ofrecer una explicación razonada de las eventuales deficiencias, el excontable presentó el 16 de agosto de 2010 un parte de baja médica".

En septiembre de aquel año una auditoría detectó "una serie de transferencias bancarias sospechosas", constatándose días después que el destinatario del dinero transferido irregularmente era el propio acusado.

Tras profundizar en las cuentas, en noviembre de 2010 se acreditaba que "el acusado se quedó para sí, con ánimo de personal beneficio, la cantidad total de 505.465 euros pertenecientes a la cofradía".

También se culpa al acusado de que la cofradía se viera "obligada a denunciar el contrato de arrendamiento de servicios de vigilancia, ante la imposibilidad de hacer frente al abono puntual de los servicios prestados".

Cabe apuntar también que Fabricio Fernández se vinculó laboralmente a la cofradía grovense en junio de 2007. Entre sus funciones estaba "atender al recuento y custodia del dinero recaudado por la actividad de la lonja y de la pescadería adscritas a la entidad, el cobro de avales y facturas a clientes, el seguimiento, archivo y control de los movimientos económicos de la cofradía realizados en efectivo o por vía telemática, el reintegro a acreedores y proveedores y el posterior ingreso o retirada del dinero de las cuentas del pósito".