Cacabelos exige a Pérez una férrea defensa judicial para salvar el edificio administrativo

El líder de los socialistas y de la oposición grovense, José Antonio Cacabelos Rico, mantiene el enfrentamiento con el alcalde conservador Miguel Pérez en relación con el edificio administrativo de la localidad, que construyó el primero en el anterior mandato, cuando él era regidor, y que ahora está amenazado de demolición por ser considerado ilegal.

Cacabelos exige al primer edil que desde el Concello se ejerza una férrea defensa judicial para garantizar la continuidad de estas instalaciones administrativas.

Después de que se supiera que la Xunta ha decidido paralizar las subvenciones concedidas para esta obra -el Concello puede tener que devolver unos 700.000 euros-, y a la espera de que se resuelva si se derriba o no -en caso afirmativo el gasto total rondará los dos millones-, Pérez arremetió contra José Cacabelos por su "irresponsabilidad" al ejecutar este inmueble, y el socialista responde diciendo que si tan mal está, el conservador no tenía que haber invertido en amueblarlo.

Cacabelos dice entender que "Miguel Pérez debe pleitesía al PP, pues hay sueldos familiares que dependen de ello, pero le pido que ejerza de alcalde por una vez en este mandato y defienda los intereses del Concello, ya que todos los informes técnicos, tanto internos como externos, avalan la construcción del edificio".

Está plenamente convencido de que la resolución de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) que pide el derribo del inmueble debe ser recurrida, "pues si el alcalde se cruza de brazos finalmente conseguirá lo que pretende, que es que se tire el edificio".

Para llegar a este tipo de conclusiones el secretario general de los socialistas argumenta que Pérez "lleva cuatro años queriendo tirar el edificio por el simple hecho de que se construyó durante mi mandato, y para ello encuentra la complicidad de la APLU".

En este sentido, declara que "parece que Pérez quiere presentarse a las elecciones con el gran logro de tirar el edificio y de aprobar un PXOM que sacó a 4.000 personas a la calle", frente a lo cual asegura que "la resolución de la APLU no se sostiene jurídicamente, y así lo dice el informe interno del secretario del Concello".

La razón es que "cualquiera que se acerque a la calle Cándido Acuña y sea preguntado dirá que es un suelo urbano consolidado, como demuestra también el hecho de que este gobierno utilizó una subvención de la Diputación de casi 60.000 euros para reformar la calle, por lo que si el edificio es ilegal esa actuación también lo es".

Abundando en esto, Cacabelos resalta que "todo lo allí construido tiene licencia, y el suelo donde hicimos el edificio administrativo es la cesión que la urbanización hizo al Concello, por lo que si esto no se hubiera hecho no tendríamos suelo". El problema de fondo, cree, "es que la APLU resuelve desde un despacho de Santiago sin atender a la realidad del suelo, como por cierto establece la LOUGA del PP.".

Volviendo a la necesidad de ejercer una defensa judicial contundente, José Cacabelos dice sorprenderse al ver que "el alcalde no ha movido un dedo" para salvar el edificio, de ahí que todo esto le suene a "venganza política y estrategia electoral".

Tal deducción lo lleva a decir que "es muy triste que alguien que se llame alcalde de un pueblo actúe así". Un reproche que hace extensible a la Xunta, "pues estoy convencido de que si este edificio lo hubiera construido el propio Pérez no habría ningún problema con la APLU, y tenemos un ejemplo muy claro en la estación de autobuses de O Grove, que a día de hoy aún no tiene licencia".

Y para dar una vuelta de tuerca más a la polémica el líder socialista pronostica que "al igual que Alfredo Bea nos decía a todos los vecinos hace unos días que solo se hará una piscina si él sigue siendo responsable de Deportes, ahora nos dirá el PP, en la Xunta y aquí, que solo si Miguel Pérez repite como alcalde el edificio administrativo no se tirará", lo cual obedece a un "chantaje electoral" frente a una "total falta de interés por defender los intereses públicos, como sucedió con la caseta de O Sineiro o el propio PXOM".

Es, insiste el PSOE, "una desidia que contrasta con el empeño que pone el PP en que las infracciones urbanísticas privadas no se ejecuten, como sucede en Raeiros, con el restaurante Pedras Negras, con los chalés de As Baladas, el edificio San Antonio, el hotel Don Mexilón".

En el PSOE terminan diciendo que llevan cuatro años "solicitando que se abran expedientes de infracción o se ejecuten demoliciones con sentencias judiciales firmes, y mientras tanto Miguel Pérez, alcalde y concejal de Urbanismo, nunca ha movido un dedo, en un alarde de dejadez de funciones como nunca se ha visto en este pueblo, quizás porque para ejecutar algunas de estas actuaciones tendría que tener primero el consentimiento de Rueda, Louzán o Baltar".

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