Los semáforos de foto-rojo instalados en las avenidas de Xoán XXIII y Teniente Domínguez, en el Concello de O Grove, siguen provocando airadas reacciones de los grovenses en las redes sociales, donde incluso se ha organizado una campaña de recogida de firmas para lograr su retirada. Pero este asunto también es causa de refriega política, sobre todo tras posicionarse en su contra el grupo municipal socialista, que en el último pleno de la Corporación puso en duda la legalidad de estos aparatos y pidió explicaciones al gobierno tripartito.

José Antonio Cacabelos Rico, el secretario general y candidato a la Alcaldía grovense con los socialistas, asegura que en su grupo duda del funcionamiento de tales semáforos, "por eso pedimos, como ya hicimos en el pleno, que se nos muestren los certificados de calibración y se aclare por qué salta el rojo con tan poco tiempo de reacción".

Alega que son muchos los conductores "que se quejan de que salta a rojo cuando pasan y alegan que realmente es el coche que circula detrás el que provoca ese cambio de color".

Es por ello que Cacabelos teme que quizás en el ejecutivo local "se estén fiando de un sistema cuya fiabilidad no está constatada y que incluso puede hacer que en el futuro el Concello tenga que abonar indemnizaciones, si prosperan las reclamaciones presentadas" por conductores que han sido multados.

También argumenta que "las sanciones deberían ser proporcionales, es decir, que si por pasar a 58 kilómetros por hora se impone una sanción de 200 euros y se retiran 4 puntos del carné, no tiene sentido que esa sea la misma penalización que si se pasa en rojo a 100 kilómetros por hora".

Quiere destacar también "la mala imagen que se proyecta de nuestro pueblo", y como ejemplo alude a la "multitud de multas" impuestas en octubre pasado , coincidiendo con la Festa do Marisco y la llegada de miles de turismos.

Es por todo ello que los socialistas plantean, como hicieron en el pleno, "que si la rescisión del contrato con la empresa concesionaria que explota estos semáforos -el Concello se queda el 40% de lo recaudado- no supone indemnización se proceda a retirarlos para estudiar otras fórmulas de control velocidad".