Los diez trabajadores de la plantilla vilagarciana de Hormigones Taboadela denuncian que los dueños de la empresa están "desmantelando" la nave de O Pousadoiro y por eso han presentado dos demandas por "rescisión de contrato y despido tácito". Los empleados acusan al responsable de la firma ourensana de deberles "cinco mensualidades" y de "haber deteriorado de forma deliberada y alevosa la viabilidad de Taboadela, empresa que trabajaba en la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria.

El secretario comarcal de la Construcción de la CIG, Xaquín Agulla, el delegado de la plantilla de Taboadela en Vilagarcía, Modesto Sánchez y la mayoría de los empleados explicaron ayer su versión del proceso que ha llevado al negocio a cerrar sus puertas de facto.

"Renqueaba desde hacía algún tiempo. A los trabajadores les debía las pagas extra del año pasado. Sin embargo, el empeoramiento galopante lo experimentó este año. Ahora les debe además de las extras los meses de mayo, junio y la extra del mes pasado. Ya excede los cuatro meses a los que podría hacer frente el Fondo de Garantía Salarial", explica Xaquín Agulla, quien justifica la presentación de las dos denuncias porque "la deuda de la empresa con los trabajadores se seguirá incrementando".

Del 16 al 30 de junio, estos tuvieron vacaciones, período que, afirman, aprovechó la dirección de la empresa para "cortar la electricidad y parar el parque de hormigoneras" de la factoría de O Pousadoiro, "una de las más punteras del sector", que data de 2007. "Estaba llamada a ser una de las que se hiciesen con la cartera de clientes de las fábricas que habían cerrado en lo peor de la crisis, pero el dueño comenzó a cobrar más caros los servicios a partir de enero y dejó de haber trabajo", argumentan los trabajadores.

Cuando se encontraron la nave "a expensas de posibles asaltos, pues no está vigilada", el propietario de Hormigones Taboadela les ofreció "un permiso retribuido del 1 al 25 de julio". "Una forma de ganar tiempo para preparar un ERE extintivo o alguna otra artimaña burocrática con la que deshacerse de toda la plantilla", apunta Agulla.

"Nuestro problema es la falta de interlocución con el propietario. Somos conscientes de la crisis que hay, pero creemos que la empresa está en preconcurso de acreedores. Nosotros estaríamos dispuestos a negociar un ERE suspensivo para ir rotando a los trabajadores según el nivel de producción existente. Pero el dueño no tuvo la delicadeza de contar con nosotros", argumenta. Para más inri, los empleados aseguran que "la empresa no cotizó a Hacienda las cantidades que nos retuvo. Eso podría considerarse alzamiento de bienes", dicen.