Los trabajadores de las oficinas liquidadoras dependientes de los Registradores de la Propiedad procedentes de distintos puntos de Galicia, se reunieron ayer con sindicalistas de CIG en Santiago para tratar de conocer las repercusiones que tendrán en su actividad laboral la puesta en marcha de la Axencia Galega de Tributos. Denuncian que, según las intenciones expuestas por la Xunta, las oficinas liquidadoras de la provincia de Pontevedra dejarán de cumplir su función a partir del primero de enero, convirtiéndose en meros buzones de la Administración.

En la zona de influencia de Arousa desaparecerán las oficinas liquidadoras de Cambados, Vilagarcía y Caldas de Reis. El futuro de los trabajadores afectados es aún totalmente incierto. El sindicato CIG intenta negociar con la Xunta para que la experiencia de estos trabajadores se tenga en cuenta en el momento de la contratación de personal para cumplir funciones de recaudación en la futura Axencia Galega de Tributos. Pero, al parecer, el Gobierno gallego no ve con buenos ojos esta propuesta, indicando que ya tiene sus propios funcionarios.

Renato Núñez, delegado de CIG en Santiago, declaró que la reunión de ayer con los trabajadores era para explicar lo que este sindicato conoce hasta el momento sobre el cierre de las oficinas liquidadoras, y también conocer la opinión de los trabajadores afectados.

Según el sindicalista, de momento la Xunta de Galicia plantea prorrogar por dos años el contrato de las oficinas liquidadoras a los Registradores de la Propiedad de la provincia de A Coruña, en tanto que va a poner en marcha la Axencia Galega de Tributos para los usuarios de las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense.

La explicación es que el alto número de trámites que se realizan en A Coruña colapsaría el servicio en sus inicios. Renato Núñez replica que Pontevedra también tiene un importante movimiento de expedientes que se realizan en las oficinas liquidadoras y que la Axencia Galega también se colapsaría.

Por otra parte, critica la idea de las oficinas buzón por entender que resultarían poco viables, ya que si son meras transmisoras de documentos no podrían controlar si los usuarios tienen completo su expediente.

Los trabajadores afectados, más de un centenar en Galicia, han solicitado una entrevista con el presidente de la Xunta para abordar la problemática que origina la desaparición de las oficinas liquidadoras.