UA denuncia la "connivencia" de Rías Baixas y Xunta para "alterar a la baja el mercado de la uva"

Connivencia "ilegal" de parte de la directiva de la Denominación de Orixe Rías Baixas con algunas bodegas; una torsión de la normativa que favorece a los grandes empresarios en detrimento de 6.000 pequeños cultivadores (abaratando al extremo la uva) o, sencillamente, la falta de un censo de productores y parcelas. Son algunas de las irregularidades que denunció ayer el sindicato Unións Agrarias al anunciar que presentará un recurso de alzada contra las multas impuestas a más de un centenar de viticultores por excederse en la producción.

Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, dejó clara la defensa que hace el sindicato de las denominaciones de origen y los consejos reguladores "perfectamente compatible con la denuncia de connivencia ilegal del presidente y el secretario en defensa de algunas bodegas, una batalla entre productores y bodegas en el que ha intervenido la Xunta para darle la vuelta a la normativa".

Unións Agrarias recuerda que los excesos en la producción "s establecen por parcelas, no por viticultores, si las hubo habrá que decir en qué finca, pero las faltas graves son por comercializar, no por producir, especialmente en una zona como las Rías Baixas en donde las condiciones meteorológicas hacen imprevisible saber "si una parcela producirá 15 o 20 kilos más de vino. se sanciona a quien no cometió una irregularidad".

A mayores, Unións Agrarias insiste en la necesidad de depurar el censo de cultivadores. La Denominación de Orixe Ribeiro reconoce que un 40% de sus censados no ha comercializado en las últimas campañas y podría suceder que en las siguientes elecciones del Consello Rías Baixas votasen viticultores que no ejercen.

Tampoco hay un censo exhaustivo de parcelas, otro de los requisitos que Unións Agrarias considera imprescindible antes de renovar los cargos del Consello Regulador. El actual "está en situación de ilegalidad", recuerda Roberto García, ya que su mandato es por 4 años y cumplen 6.

Unións Agrarias espera que se convoquen elecciones para la próxima vendimia pero se teme que se produzcan "maniobras" para adelantarlas al mes de mayo. "Se harían sin depurar los censos de viticultores y parcelas. Nos podríamos encontrar con un uso ilegal del derecho a voto por parte de personas de las que no hay constancia que cultiven".

El censo de Rías Baixas está sin actualizar "desde hace más de 10 años", añade.

La sospecha sindical es que parte del Consejo Regulador ("con el visto bueno de la consellería") busca "alterar el mercado de la uva", creando un excedente (tiene la posibilidad de regular la producción en una denominación en la que oscila casi un 60% en unos años). "Este gran año de vino no quedaron uvas sin recoger", recuerda Roberto Fernández, "se compraron a menor precio".