La Consellería do Mar reiteró ayer en la Comisión 8º de Pesca su decidido apoyo por una Denominación de Orixe Protexido que diferencie al mejillón gallego de sus competidores "como garantía de futuro de la actividad acuícola". Así lo afirmó el director xeral de Competitividade e Innovación, Juan Maneiro, quien enfatizó sobre otras apuestas en este sentido "como la puesta a cero de los contadores de las bateas, con la nueva Lei de Pesca promovida desde el inicio de esta legislatura, para garantizar jurídicamente la viabilidad y el futuro del sector".
También recordó que el apoyo al Consello Regulador se vio con la inversión de 237.876 euros que se destinaron a este organismo en los primeros meses de 2010, "de los que ya se pagaron 147.886 euros".
La auditoría, la sentencia del TSXG que anula el reglamento de la Denominación de Origen y el informe de Competencia fueron otros asuntos abordados en una polémica reunión en la que el BNG acusa a la Consellería do Mar de "querer cargarse el Consello Regulador" y en la que Marisol Soneira, del PSOE, reclamó la "dimisión del director xeral de Competitividade, Juan Maneiro" por "poner en peligro el futuro del sector del mejillón en Galicia y no defender sus intereses".
Maneiro recordó en su intervención que fue el propio sector el que avaló que las cuentas del Consello "fuesen auditadas" e insistió que dicho informe fue remitido "en privado" al pleno de este organismo y a los representantes de las principales asociaciones de mejilloneros".
La idea, afirmó Maneiro, era que todos los interesados "fueran directos conocedores de las posibles irregularidades cometidas en el anterior mandato, desde 2005 a 2009".
Aclaró, además, que la Consellería encargó la auditoría "para garantizar la legalidad y los derechos del propio Consello y clarificar la situación, una situación de la que mucha gente tiene miedo, porque probablemente se cometieron errores".
El director xeral negó con rotundidad que la Consellería haya filtrado el informe de la auditoría. "Ni se convocó a la prensa ni se hicieron declaraciones; la Consellería remitió los resultados de la auditoría al Tribunal de Cuentas, al Consello de contas y a la Intervención Xeral de la Xunta, órganos que dictaminen la validez de las conclusiones de la auditoría y determinen las actuaciones a desarrollar en el futuro".
En comisión, Maneiro se atrevió a calificar las conclusiones de la auditoría como "preocupante, en lo tocante a la situación financiera y al cumplimiento de la legalidad en determinadas actuaciones llevadas a cabo por el Consello Regulador y especialmente por su presidente en el período auditado".
Así reiteró que en ese período se detectan "gastos sin justificar, irregularidades en materia de contratación de personal, incrementos salariales injustificados, retribuciones económicas contrarias al reglamento del Consello o financiación de actividades al amparo de los convenios de promoción y trazabilidad sin que se ajusten a los objetivos de las ayudas".
El responsable de Competitividade afirmó que la auditoría detectó un incumplimiento en la justificación del proyecto Life Gestimer, concedido en el año 2004 y justificado en 2007 ya que se presentó gran parte del gasto subvencionable "sin estar efectivamente pagado". Insistió en que la auditoría se realizó a petición del sector para conocer el pago de cuotas por los socios.
