El constructor denunciado por el Concello de A Illa por intentar agredir a la arquitecta municipal, Juan Manuel Chaves Daporta, salió ayer a la palestra para defenderse de las acusaciones, y su mejor defensa ha sido el ataque, acusando a los responsables municipales de beneficiar a promotores afines.
Chaves Daporta firmaba ayer un comunicado en el que afirmaba que otros promotores "afines al poder municipal tienen ventajas y acometen sin reservas actuaciones urbanísticas imposibles desde cualquier punto de vista".
En cambio, el constructor isleño se siente perseguido desde hace treinta años asegurando que "en los últimos años, mi persona y mis intereses económicos han sufrido flagrantes y reiteradas desigualdades de trato frente a otros administrados a la hora de obtener los permisos y licencias, coacciones y presiones injustificadas para pagar cantidades de dinero a las que no estoy obligado o acometer obras de urbanización cuya ejecución no me compete en absoluto".
Insiste en que su relación con el Concello ha sido tormentosa, sufriendo "desplantes y humillaciones continuas cada vez que acudo al consistorio para buscar soluciones a los problemas creados, de forma intencionada, por ellos mismos para seguir perjudicando a mi persona y mis intereses, algo que están logrando, al impedir que alquile o venda mis propiedades".
Además de verter graves acusaciones sobre el urbanismo local, Chaves también quiere dejar clara cuál es su versión de lo ocurrido el pasado lunes.
El constructor asegura que acudió al Concello con la intención de pedirle explicaciones a la arquitecta tras comprobar que "la compra de una de mis viviendas se malograba por haber manifestado la técnico que el edificio adolecía de graves irregularidades urbanísticas, sugiriéndole que en a Illa había pisos en venta con mejores condiciones".
El constructor considera que estas manifestaciones son "falsas y tendenciosas, ya que el edificio cuenta con toda la documentación en regla, estando escrituradas la práctica totalidad de sus viviendas, y excedían las atribuciones que corresponden a una arquitecta municipal". Reconoce que se saltó la cita previa, pero cuando entró en el despacho la arquitecta, presuntamente, se habría "negado a dar cualquier explicación, de muy malos modos, y diciéndome textualmente plántateme fuera, algo a lo que me opuse mientras no me ofreciese las explicaciones oportunas".
En ese momento "realiza una llamada telefónica pidiendo auxilio, presentándose numerosas personas, con el alcalde, Manuel Vázquez a la cabeza, en tono muy agresivo y agitado, profiriendo insultos graves, lo que me obligó a cerrar la puerta por dentro para garantizar mi integridad y negarme a salir mientras no se presentasen las fuerzas de seguridad".
Insiste en que durante el tiempo que duró el encierro en la oficina de la arquitecta "se me trató de amedrentar de todas las formas posibles, como fue aporreando la puerta con furia por parte de una persona que resultó ser el esposo de la arquitecta". También insiste en que "me amenazó e insultó de forma reiterada el alcalde y otros miembros de la corporación, con expresiones impropias de sus cargos, no cediendo en su actitud hasta que se personó la Guardia Civil" . Cree que todas las acusaciones que se han vertido en los últimos días responden "sólo al interés de desprestigiar mi persona y perjudicarme".
