El Tribunal Supremo ha rebajado de 15 a 13 años de prisión la condena impuesta por la Audiencia Nacional al patriarca del "Clan de los Charlines", Manuel Charlín Gama, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, al retirarle uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por el que también había sido condenado.
En una sentencia hecha pública ayer, el Supremo confirma la condena de entre 15 y 4 años de cárcel impuesta a otros diez miembros del clan y rebaja de 4 años y 2 meses a 2 años de prisión la pena impuesta a José Luis Piñeiro Vidal, José Luis Lizabe Moldes y Carolina Outón Caamaño, al retirales la agravante de pertenencia a organización por participar "sólo" en una de las operaciones de blanqueo.
En cuanto a Charlín Gama, el tribunal señala que la absolución por uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado responde a la aplicación retroactiva de la modificación de cuantías mínimas a partir de la cual existe este tipo penal contra el Erario Público.
Es decir, la cuota tributaria defraudada en 1995 equivalía a 115.253,75 euros, cantidad inferior al mínimo exigido por la ley para castigarla como delito, que es de 120.000 euros. Por ello, la multa de 2.916.000 euros que le impuso el tribunal queda rebajada a 2.316.000 euros.
En su sentencia, el Supremo sustituye, asimismo, el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y del dinero intervenido al clan, que había sido decretado inicialmente, por el embargo de los mismos, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles.
Demás condenados
En cuanto al resto de los condenados, el Supremo confirma la condena de 15 años de cárcel a Josefa Charlín Pomares, hija de Manuel, por blanqueo de capitales y tres delitos contra la Hacienda Pública, con la agravante de ser jefe de la organización, y multa de 5.700.000 euros.
También confirma la pena de 8 años de prisión a Oscar Charlín Pomares, también hijo de Manuel; 12 a Manuela Nine Suárez; 8 a Adelaida y Manuel Charlín Pomares, Noemí Outón Charlín -hija de Josefa-, Manuel Santórum y Rubén Pérez Conles; y 4 años y dos meses a Pascuale Imparato. La sentencia absolvió a otra de las hijas del patriarca, María Teresa Charlín Pomares, quien también estaba acusada de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.
La sentencia de instancia ordenó la disolución de las empresas utilizadas para blanquear el dinero procedente del narcotráfico y la clausura de sus locales. Se trata de Vinícola Sotomayor, Charpo, Allesa-72, Mar Blanco, Promotora Playavilla, Pibarce, Camping Puente Viejo, Machnp, Granirrosa, Nine Mejilloneras y Congelados Costa Verde.
70 inmuebles, 8 viveros, catorce vehículos y una embarcación
En el juicio celebrado en la Audiencia Nacional entre febrero y septiembre de 2002, los "Charlines" se declararon inocentes y alegaron que su capital era fruto exclusivo de su trabajo, entre ellos 70 inmuebles, 8 viveros, 14 vehículos y un barco.
De hecho, Manuel Charlín Gama, el patriarca, se refirió a la empresa familiar de mejillones que se creó en los años 70 y que hasta 1987, en que ingresó en prisión, "fue una máquina de hacer dinero".
Según dijo, el cocedero de mejillones comenzó a crecer con el paso de los años y el "esfuerzo familiar", ya que en él trabajaba prácticamente toda la familia. "No se montó de golpe ni a base de meter millones, sino que es el fruto del trabajo de muchos años", se defendió.
Por su parte, Josefa Charlín Pomares, hija del patriarca, llegó a llorar cuando explicó que era "una trabajadora honrada que nunca se ha dedicado al narcotráfico". "Mi único problema es que siempre trabajé como una negra", al tiempo que pidió al tribunal que no juzgase a la familia "por el apellido" y que se limitase a "valorar los hechos". Su hermana Teresa dijo que toda la familia se ha dedicado a trabajar y que su padre y hermanos "se han limitado a luchar para sacar adelante a sus hijos".
