Pedro Puy explicó que la propuesta popular se basaba en tres bloques: institucional, competencial y de financiación. En el primero, establecen nuevas tablas de derechos. Básicamente "de tercera generación". Frente a los individuales (como el derecho a la propiedad) y los genéricos (a la vivienda) se trata de derechos que afectarían a la sociedad como colectivo, por ejemplo, los referentes al medioambiente. Es en este punto dónde reciben elogios incluso desde los sectores más nacionalistas. Así, quieren incluir en el Estatuto la obligación de los poderes públicos de prevenir catástrofes y actuar de inmediato para reponer la situación originaria de las cosas. Son partidarios también de incrementar las garantías para el cumplimiento de los derechos, por ejemplo, con la creación de una Axencia Galega de Protección de Datos.

Contemplan también la relación entre la Xunta y otras Comunidades Autónomas así como con el Estado, la Unión Europea y los concellos. Quieren crear un Consello dos Poderes Locais, al que se consulte ante cada decisión de la Xunta que afecte a éstos.

Y en cuanto al concepto de nación, consideran que sería un error incluirlo "pues mientras que en Cataluña el 80% de los ciudadanos lo apoyan, en Galicia se queda en el 20". Puy cree que no puede llevarse al Estatuto el programa de la fuerza minoritaria: el BNG. En cuanto al idioma, cree que puede darse la paradoja de que una persona pueda colgar un cartel en gallego e inglés pero no en castellano, por ir en contra del Estatuto.

En el bloque competencial aboga por la inclusión de una cláusula que diga que pueden ser transferidas todas las competencias que no sean exclusivas del Estado, para evitar textos eternos y también olvidos que después limiten competencias. Y en cuanto al bloque de financiación insistió en los principios de suficiencia, autonomía y solidaridad. Su texto aboga además por fijar que se ejecute en 5 años el Plan Galicia o, sino, se transfiera el dinero.