Villa de Pitanxo, las cartas boca arriba

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) aprobó, tres años y medio después del naufragio, su informe final sobre el caso Villa de Pitanxo. El documento, que no es punitivo, fue considerado «esencial» por el magistrado Ismael Moreno, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, de cara a sellar la fase de investigación y emitir auto de apertura de juicio oral. A fecha de esta publicación, el Alto Tribunal todavía no ha dictaminado el fin de la instrucción. El análisis de los técnicos achaca el siniestro a una negligencia del patrón, Juan Enrique Padín, pero la vincula a una concatenación de decisiones adoptadas ya antes de que el pesquero partiera desde Vigo al caladero de NAFO. En toda su extensión, el informe ha avalado la investigación de FARO, que demostró que el buque de Pesquerías Nores no tenía autorización para operar en el lugar donde se hundió. Fallecieron 21 de las 24 personas que iban a bordo.

De acuerdo al relato expuesto por los expertos, el Villa de Pitanxo se fue a pique como consecuencia de una entrada progresiva e incontrolada de agua durante la virada del aparejo. El trancanil y el desagüe de las máquinas de procesado estaban abiertos porque la determinación de Padín fue en todo momento la de izar las capturas, así que la marinería estaba lista para empezar a trabajar en cubierta y el parque de pesca. Por eso estaban abiertos esos dos huecos. La Ciaim considera plausible el hecho de que el capitán no valoró cortar los cables del aparejo —como uno de los superivientes, Samuel Koufie, asegura que le imploró la tripulación— porque no tenía de repuesto y eso habría significado acabar la marea sin llenar las bodegas. También indica, aunque sin que hubiese sido la causa definitiva del hundimiento, que los aparejos sufrieron una espichada, tensionando al Pitanxo por popa e imposibilitando su manejo.

La Ciaim ha determinado, además, que el pesquero no cumplía «los criterios de estabilidad reglamentarios» y que trabajaba sobrecalado, con el orificio de la tolva de desperdicios prácticamente a ras del agua. En paralelo, el Pitanxo estaba trabajando en una zona de engelamiento —o formación de hielos—, que le había sido prohibida en el año 2018 después de un examen de estabilidad, como avanzó este periódico en primicia ocho meses después del naufragio. Las áreas de engelamiento están fijadas por el Convenio internacional de Torremolinos (1993) y el caladero de NAFO abarca buena parte de una de ellas. Pese a este veto, el arrastrero congelador realizó 18 mareas en la zona e inició la número 19, la que remató con el pecio a más de 700 metros de profundidad; FARO probó esta reinicidencia tomando los datos de posicionamiento del AIS y la caja azul —o VMS—, un dispositivo de control pesquero.

La defensa de Padín, la armadora y sus principales directivos —comparten imputación por, entre otros, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave— han censurado las conclusiones del informe de la Ciaim por arribar, apuntan, a «conclusiones incorrectas» y por sostenerse en especulaciones.