El accidente del Alvia, visto para sentencia

El mayor juicio nunca celebrado en Galicia por el también mayor accidente ferroviario de la democracia quedó en 2023 visto para sentencia. Hubo que esperar diez años, desde julio de 2013, para que se desarrollara el procedimiento judicial tendente a aclarar las causas del siniestro, determinar las responsabilidades penales y calcular las indemnizaciones que corresponden a las víctimas. El juicio arrancó a principios de octubre de 2022 y se prolongó hasta el 27 de julio de este año.

A las 14.08 horas de ese día, un jueves, y tras casi diez meses de proceso, la vista oral por el accidente del Alvia llegaba a su fin. Ninguno de los dos acusados, el maquinista Francisco José Garzón y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, quiso ejercer su derecho a la última palabra. Ambos lo dejaron todo en manos de sus defensas, que pidieron, obviamente, la absolución para sus representados y se emplearon a fondo en culparse mutuamente de provocar el accidente ferroviario de 2013 que se saldó con 80 fallecidos y 145 heridos.

Dos acusados, dos talantes

Fueron meses por los que pasaron centenares de víctimas, de testigos y de peritos. Eran tantos y tantos también los letrados que asistieron a los procesados y a las acusaciones particulares, que el juicio se tuvo que celebrar en la Cidade da Cultura, en Santiago, dado que en los juzgados ordinarios no había espacio suficiente.

Atrás quedaron ocho años de instrucción, la participación de más de 100 abogados, 500 testigos y casi 150 peritos y una causa que acumula 70.000 folios con dos personas sentadas en el banquillo para las que se piden cuatro años de prisión por imprudencia profesional grave: Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte.

Sus defensas se acusaron mutuamente a lo largo de todo el proceso para hacer responsable al otro. Pero Cortabitarte jugó siempre con ventaja, pues además de contar con su abogado también dispuso del favor del Gobierno central, que a través de la Abogacía del Estado intentó por activa y por pasiva declarar inocente al cargo de Adif y depositar toda la culpa en el maquinista.

Ninguno de los dos acusados, el maquinista Francisco José Garzón y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, quiso ejercer su derecho a la última palabra. Ambos lo dejaron todo en manos de sus defensas, que pidieron, obviamente, la absolución para sus representados

En este contexto, el juicio dio en junio un giro inesperado. El fiscal, Mario Piñeiro, decidió retirar la acusación contra Cortabitarte. El cambio de parecer del Ministerio Público es clave para el rumbo que pueda tomar el desenlace de la causa, dado que mientras las demás acusaciones son de parte, la suya se presenta como la más imparcial e influyente del proceso.

Si en las conclusiones provisionales al inicio del juicio oral Mario Piñeiro sostenía que Cortabitarte tenía la misma responsabilidad que el maquinista por no haber evaluado y gestionado el riesgo en la curva de Angrois –lo que habría evitado el siniestro–, en su relato final, el fiscal proclamó que el alto cargo de Adif no infringió ninguna normativa y que aplicó los procedimientos adecuados para poner en servicio la línea Santiago-Ourense.

De lo que se trata de determinar es si el accidente de produjo por un despiste total del maquinista o si Adif no realizó correctamente los análisis de riesgos y aplicó las medidas para prevenirlos al entrar en la curva de Angrois y tener el tren que acometer una brusca reducción de velocidad. La jueza, Elena Fernández Currás, tiene la palabra.