Noruega se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para la flota pesquera y las autoridades comunitarias. El Gobierno nórdico tomó dos medidas unilaterales que perjudicaron las ya de por sí tensas relaciones con la Unión Europea y que afectaron a los barcos que ondean la bandera de los países miembro. Por un lado, Oslo decidió autoasignarse una cuota de caballa, especie que se distribuye por toda la fachada atlántica y que debería haberse acordado con el bloque comunitario, Islas Feroe y el nuevo país que desde finales de 2020 pasó a formar parte de la ecuación: Reino Unido. Por otro, Noruega decidió rebajar la cuota de bacalao que captura la UE en aguas de Svalbard, el archipiélago bajo su dominio que se encuentra en el mar de Barents. Para el sector, ambos casos supusieron un expolio que no pudo ser corregido por Bruselas y que amenaza con mantenerse en 2022.
En el caso de la caballa Noruega se autoadjudicó 298.299 toneladas para este año, lo que supuso apropiarse de un 35% del total e incrementar en un 55% sus posibilidades de captura de 2021. La patronal pesquera Europêche llegó a pedir “sanciones inmediatas” y estuvo durante todo el año observando como Bruselas apenas tomaba medidas efectivas para intentar poner remedio a una decisión que, además, amenazaba la salud biológica de la especie.
A la decisión de Noruega la siguieron más tarde la de otros gobiernos que deberían estar implicados en la gestión de la caballa: Islandia y Feroe. Con todo, el reparto de la especie apunta a que volverá a ser un problema para 2022. Sobre todo después de la reducción acordada para el total admisible de capturas (TAC), de un 6,7%.
Por otro lado, está la cuestión del bacalao de Svalbard. Los barcos que enarbolan pabellón comunitario tenían asignadas para este curso un total de 24.645 toneladas de la especia para capturar en Svalbard, que pese a estar bajo dominio noruego la explotación de sus recursos debe ser compartida con los firmantes del Tratado de Svalbard, rubricado en París hace más de 100 años. Sin embargo, Noruega aprovechó la incertidumbre que acompañó al Brexit para recortar este cupo de forma unilateral, dejándolo en 17.885 toneladas.
La otrora imponente flota bacaladera gallega, que llegó a superar los 100 barcos faenando en aguas de Terranova, frente a Canadá, sobrevive hoy con tan solo cuatro unidades que viven de las capturas en aguas territoriales noruegas, en especial en el archipiélago de Svalbard. De golpe y plumazo la flota se quedó sin cientos de toneladas y, además, fue amenazada directamente por Oslo, que avisó que si los barcos de la UE superaban el tope impuesto serían perseguidos por su patrulleras y detenidos.
Ante la postura beligerante nórdica, todas las empresas de España, Portugal, Francia, Alemania y Polonia con intereses pesqueros en Svalbard llegaron a presentar una demanda contra el país por el robo del bacalao. “No podemos no defendernos con todo lo que tenemos al alcance de la mano”, apuntaba entonces Iván López, presidente de la asociación de bacaladeros Agarba, integrada en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). La historia continuará en 2022.
