Veintiocho años después de que el gallego Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia, España se convirtió en 2021 en el sexto país del mundo en despenalizar la muerte digna. El 18 de marzo resultó ser un día histórico en el Congreso de los Diputados, al aprobarse la ley que regula la eutanasia con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y con los votos en contra de PP y Vox.
La norma, que entró en vigor tres meses después de obtener la luz verde en la cámara de disputados, facilita tanto el llamado suicidio asistido (que al paciente se le suministre el medicamento que le provoca la muerte con supervisión médica) como la eutanasia, es decir, la administración por parte del médico de la sustancia letal al enfermo terminal.
La ayuda médica para morir se convierte así en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud para los pacientes que cumplan los requisitos fijados por la ley: ser mayor de edad, sufrir una “enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere “un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”, tener nacionalidad española o residencia acreditada en el país durante un periodo no inferior a doce meses y, en el caso de personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades ni puedan prestar su conformidad libre y voluntaria, haber suscrito con anterioridad un testamento vital.
La solicitud se deberá presentar dos veces por escrito en un intervalo de quince días y tras dos procesos deliberativos, la ayuda se ofrecerá 35 días después de haberla pedido.
La ley española incluye la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada autonomía, un organismo que no contemplan otros países. También se contempla la objeción de conciencia para los médicos.
Un enfermo de cáncer, el primero en pedir la muerte asistida en Galicia
Fue el tercer caso conocido en España. Con la entrada en Vigor de la ley, la justicia absolvió a Ángel Hernández de cooperar en el suicidio de su mujer
Un hombre enfermo de cáncer en estado avanzado fue el primer caso conocido de un gallego que se acogió a la ley de eutanasia, registrado en septiembre en el Complexo Hospitalario de Ourense. Era la tercera persona en España que se amparaba en la recién estrenada ley, tras una mujer vasca de 86 años que se acogió tan pronto se aprobó la norma y una alicantina de más de 60 años con esclerosis múltiple a la que también se le aplicó la muerte asistida.
La aprobación de la ley de eutanasia sirvió también para la absolución de Ángel Hernández, quien se había convertido en uno de los mayores activistas a favor de la norma en abril de 2019, tras haber ayudado a a morir a su esposa, María José Carrasco, quien sufría esclerosis múltiple en estado avanzado y necesitaba de atención de Ángel para realizar cualquier movimiento. A diferencia de otros familiares de enfermos graves a los que ayudan a fallecer, Ángel grabó en vídeo cómo le suministró la sustancia letal a su mujer, así como el sufrimiento y dolor que padecía a diario su compañera.
