Termina un año especialmente convulso en la ya de por sí tormentosa historia de convivencia de la fábrica de Ence con Pontevedra. 2021 fue, para los opositores a la pastera, el principio del fin de la presencia de Celulosas en Lourizán debido a tres sentencias judiciales que hacen temblar los cimientos del complejo fabril que se mandó construir en 1958.

Primero por la Ley de Cambio Climático y después, en julio, por el fallo de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de la concesión y que, aunque recurrido, hace peligrar su futuro en Lourizán

Se trata de la anulación por parte de la Audiencia Nacional de la prórroga de la concesión, otorgada en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, para la ocupación por 60 años más de la superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en Lourizán sobre la que se levanta la fábrica. El Concello de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace habían recurrido por la vía de lo Contencioso-Administrativo esta decisión y la Audiencia Nacional en sus dos primeras sentencias, dictadas en julio, les dio la razón. Un tercer fallo en octubre ratificaba la decisión del tribunal al resolver el tercero de los recursos.

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En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la pastera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación, tal y como venía defendiendo la empresa y la Xunta de Galicia hasta la fecha.

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Para la empresa, la sentencia es solo el primer paso de una larga batalla judicial que continuará ahora ante el Supremo y que está dispuesta a llevar incluso a Europa dado que consideran que la prórroga de la concesión se ajusta a derecho. De hecho, insisten en que su plan pasa por seguir en Lourizán.

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El año ya había comenzado de manera movida, dado que la empresa y los trabajadores se enzarzaron en una agria polémica con el Gobierno por el supuesto peligro que suponía para la compañía la Ley contra el Cambio Climático, una cuestión que, tras esta sentencia acabó por ser el menor de los problemas para la pastera. Esta fue la causa de las primeras manifestaciones y protestas de los trabajadores y del sindicato CC OO.

Tras la sentencia se abrió al fin la vía del diálogo. El Gobierno central convocó una mesa de negociación con todas las partes implicadas con el objeto de intentar salvar los centenares de puestos de trabajo directos y los miles en directos que dependen de la fábrica de papel de Pontevedra. No obstante, las posturas parten siempre de posiciones muy alejadas y enconadas.

La empresa y parte de los trabajadores (con Comisiones al frente) sostiene que la anulación de la prórroga de Lourizán implica el cierre y la destrucción de los empleos que genera la fábrica. Insisten en que no es viable ningún traslado y que si se marchan, desmantelan y cierran. El Gobierno insiste en que se cumpla la legalidad y junto a trabajadores del resto de sindicatos UGT y CIG, insisten en explorar la vía de un posible traslado.

Por el momento, la mesa de diálogo está actualmente en punto muerto a la espera de los informes que se están realizando para buscar posibles ubicaciones alternativas en Galicia. La empresa respondió con informes en los que ya hizo estas prospecciones, sin ningún éxito debido a las especiales necesidades de agua e infraestructuras que precisa una planta de celulosas.

El último punto de conflicto, actualmente latente, es la propuesta para adscribir los terrenos de Ence al Puerto de Marín, de tal forma dejasen de estar regidos por la ley de Costas. Los detractores de la pastera dicen que esta es una propuesta inviable jurídicamente, mientras que quienes apoyan la continuidad defienden lo contrario.