El sistema sanitario no estaba preparado para una pandemia global. La economía, tampoco. Cuando el 29 de marzo el Gobierno anunció la durísima decisión de “hibernar” la economía aprovechando el habitual parón de la Semana Santa para dar un paso más en las restricciones impuestas dos semanas antes en el estado de alarma y frenar la curva de contagios, el país entero descubrió de repente que lo esencial era muy invisible a los ojos. Diez días naturales y ocho laborables duró el paréntesis. Fue el preámbulo del peor trimestre para la actividad en España en tiempos de paz con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) –17,3% en comparación con enero-marzo y 21,5% en tasa interanual– más propia de momentos de guerra. “La complejidad e incertidumbre acerca de la profundidad y el tiempo en que se controle la pandemia, y por tanto las medidas de confinamiento y ralentización de la actividad económica, dificultan los análisis de impacto económico, que paulatinamente presentan revisiones a la baja en sus previsiones para el año 2020 y 2021”, admitía el Foro Económico de Galicia en el arranque de la crisis. Por cambiar, hasta saltó por los aires los métodos para medir la evolución futura de las economías, aunque desde el primer momento parecía más o menos claro que el golpe no afectaría por igual a todos los sectores ni a los territorios.

El Gobierno amplía el confinamiento a "todos los trabajadores de actividades no esenciales" Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Galicia, de hecho, aguantó mejor la embestida. La merma del PIB de abril a junio se situó en el 17,9% gracias al peso de la industria agroalimentaria y una menor dependencia del turismo extranjero que otras zonas de España. Que fue justo lo que penalizó a la economía del conjunto del país, a la cabeza de la recesión europea por eso y por “la enorme presencia de pequeñas y medianas empresas”, más vulnerables ante un shock de estas dimensiones por su limitada capacidad para acceder a recursos financieros, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin una visión muy clara de lo que podría pasar porque también en la salud quedaba muchísimo por aprender del COVID-19, la economía española logró alejarse de los escenarios más duros previstos por los expertos y los organismos internacionales gracias, sobre todo, a dos cuestiones. La primera, la intervención del Gobierno a través de un manguerazo de dinero público para apoyar la liquidez de las empresas –van, hasta noviembre, 910.000 operaciones con el aval del ICO por un importe de 110.000 millones de euros– y el “escudo social” para blindar los ingresos de las familias.

Como suele suceder en cada crisis, esta vez la palabra popularizada a pie de calle es ERTE. Los expedientes de regulación temporal de empleo estaban previstos de antes en la legislación laboral, pero sin el derecho a una prestación pública que el Ejecutivo incluyó para atenuar los despidos por culpa del parón. El gasto alcanzará los 30.000 millones de euros cuando acabe este fatídico 2020. El 24 de abril llegaron a estar en parada o con jornada reducida un total de 3.617.079 trabajadores en España. A 1 de diciembre, como recogen las últimas estadísticas de la Seguridad Social, era 326.296 bajo los ERTE originales y otros 420.604 en los llamados de “segunda generación” para afrontar los rebrotes. En Galicia son 26.918 de los más de 200.000 registrados al principio de la pandemia.

Aún así, el empleo se resintió. Y mucho. Galicia destruyó en el último año 13.700 puestos, la inmensa mayoría contratados temporales y jóvenes otra vez, entre los que la caída del empleo fue del 30%. El 67% de los ocupados perdidos, unos 23.100, estaban a jornada parcial. Sin la precariedad no sería posible entender la sangría en el mercado laboral.

Al fin del “austericidio” en la mano pública con el beneplácito y e, incluso, una invitación directa al gasto por parte de las autoridades europeas tras su decisión de liberar a los países del cumplimiento de los techos de déficit, le acompañó un verano menos malo de lo esperado en la incidencia del virus y el consumo. El PIB rebotó en verano un 16,7% (un 14,6% en Galicia), el segundo mayor porcentaje de la UE. El desplome anual se redujo al 8,7%. Lo que pasará en la parte final del año vuelve a no estar nada claro. La ministra de Economía, Nadia Calviño, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prevén una tasa positiva, mientras que el Banco de España estima un recorte del 0,8%.

Los 27 cierran en Bruselas un acuerdo histórico para la Unión Europea Agencia ATLAS

La UE activa los 750.000 millones de del next generation

España recibirá 140.000 millones del plan de reactivación y la xunta presenta 103 proyectos con tres “tractores” para lograr fondos

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Después del intento de boicot de Hungría y Polonia, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de diciembre el nuevo sistema de condicionalidad para el reparto de los fondos del Next Generation EU con el que la UE aspira a revitalizar la economía comunitaria tras el varapalo del coronavirus. Las ayudas podrán ser suspendidas si la Comisión detecta alguna vulneración de los principios del Estado de Derecho, incluidos casos de fraude o infracciones “sistémicas” de los valores fundamentales a juicio de un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE.

Con este paso, el megaprograma de 750.000 millones de euros podría llegar a los países a partir de junio. A España le corresponden 140.000 millones de euros. La Xunta ha presentado 103 proyectos candidatos a financiación, con tres de ellos –fábrica de viscosa textil, planta de hidrógeno y un complejo de recuperación de purines y producción de fertilizantes– denominados “tractores”.