Novacaixagalicia hubiera cumplido este mes su décimo aniversario. Evidentemente no lo hizo. La historia es más o menos conocida. Al poco de nacer, los decretos de refuerzo de recursos propios y de cobertura del lastre del ladrillo impulsados por el último Gobierno de Rodríguez Zapatero y el primero de Rajoy para limpiar la imagen del sector financiero y aliviar la presión sobre la deuda pública en los mercados empujaron a la entidad a dos manguerazos de dinero público. Se nacionalizó y en diciembre de 2013 regresó a manos privadas con la subasta que ganó Banesco. En todo este tiempo, de la Xunta no ha salido ni un tímido mea culpa como principal promotora de un matrimonio fallido desde antes ya de su celebración. Se resistió Caixanova. Se opuso el Banco de España, conocedor de primera mano de la situación de partida de cada una de las entidades y, particularmente, de la insolvencia de Caixa Galicia, como queda acreditado en sus informes previos de inspección. Desde 2007 estaba bajo vigilancia por su expansión desbocada y en septiembre de 2009 fue declarada como “inviable”. A todas esas evidencias se agarra la Audiencia Nacional para confirmar la realidad de una operación que muchos quisieron tapar.

“La única razón por la que el FROB intervino fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba en 2010 Caixa Galicia antes de que se produjera la fusión”, destacan los tres magistrados de la sección 2 de la Sala de lo Penal en un auto de octubre al respecto de una de una de las operaciones inmobiliarias encausadas de Caixanova, que “nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a Novacaixagalicia”.

Sin mencionarlo expresamente, la Audiencia Nacional recoge las conclusiones de los inspectores y la carta del Banco de España recibida por la cúpula de Novacaixagalicia solo ocho días después de nacer con los requerimientos para otro saneamiento de 900 millones de euros pendientes pese a la primera ayuda del FROB “para subsanar las debilidades identificadas en la antigua Caja de Ahorros de Galicia”.

Ambos documentos fueron publicados en exclusiva por FARO y ninguno de ellos está en la comisión abierta en el Parlamento de Galicia para investigar lo sucedido. También eso volvió a ser noticia en 2020. Ocho años después, los tres grupos con representación en O Hórreo decidieron reabrirla por tercera vez bajo la sospecha de un posible cierre en falso por las prisas del PPdeG para redactar el dictamen. La comisión está pendiente de recibir, además, las actas de la Xunta sobre la fusión que el TSXG le ordenó entregar tras la denuncia interpuesta por el exdiputado Antón Sánchez.