El año 2020 culmina con una fotografía para la historia. La de Consuelo Castro, abogada general del Estado, recogiendo las llaves del pazo de Meirás de manos de la jueza Marta Canales, autora de la sentencia que despoja a los Franco de este palacete adquirido en plena guerra civil mediante cuestaciones en muchos casos forzosas, descuentos en nóminas y aportaciones de las administraciones para agasajar al dictador.
El fallo, de primera instancia, que ve probado que el pazo fue mantenido con dinero público durante toda la dictadura, ha sido recurrido por los herederos del militar golpista. El juzgado ha aceptado aún así la petición de la Abogacía del Estado, a la que se adhirieron la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación, de ejecutar provisionalmente la sentencia, extremo al que tampoco se opusieron tampoco los Franco.
A falta de un fallo definitivo, el pazo de Meirás es, provisionalmente, patrimonio del Estado. Tras 82 años en manos de los Franco, As Torres diseñadas por Emilia Pardo Bazán abrirán en 2021 al público con un nuevo relato, bien distinto del que ofrecía la Fundación Francisco Franco.
La devolución del pazo de Meirás hace realidad una antigua demanda de los colectivos por la recuperación de la memoria, historiadores, entidades culturales y políticos locales del espectro de la izquierda. Con los años, su reclamación cobró fuerza y ganó aliados en el bando conservador, como el PP, más que reacio en un principio a reclamar el inmueble y que, en 2018, secundó la proposición para instar al Gobierno a recuperarla por la vía judicial.
El consenso, crucial para el éxito de esta demanda, se hizo de rogar. Las primeras reivindicaciones para exigir la devolución del pazo se remontan a 1977, a cargo de la Asamblea Popular Gallega y el Centro de Cultura Popular de A Coruña. Un año después, el partido socialista solicitó la restitución del inmueble “a su legítimo dueño” y su conversión en sede del futuro gobierno autonómico. Durante los primeros tiempos, las reclamaciones, esporádicas y circunscritas a ámbitos de la izquierda, eran acogida con desdén y cierto sarcasmo entre los conservadores. En Sada, el alcalde del PP que encadenó décadas de arrolladoras mayoría, Ramón Rodríguez Ares, sonreía displicente. Él, que siempre presumió de su amistad con los Franco, se limitaba a decir que el inmueble nunca había sido público.
Las demandas cobraron fuerzas a partir del año 2000. Las manifestaciones a las puertas del pazo aumentaron en periodicidad y adeptos. Uno de los primeros hitos en el largo camino hacia la recuperación de Meirás fue su declaración como Bien de Interés Cultural en 2008. Su aprobación por la Xunta del bipartito (PSOE-BNG) abrió la primera grieta en esta fortaleza franquista.
Meirás abrió sus puertas a la ciudadanía por primera vez en 2011. Su apertura no supuso el fin de los privilegios de los Franco. Durante los primeros años, la Xunta del PP asumió el pago de la vigilancia del pazo, por su “singularidad”. Dejó de hacerlo en 2013 tras las críticas. Las quejas por los incumplimientos en el régimen de visitas fueron una constante y se saldaron con una multa, de 4.500 euros, que finalmente no llegó a cobrarse por la muerte de la sancionada, Carmen Franco.
La decisión de los Franco de encomendar a una fundación franquista la gestión de las visitas para “exaltar la grandeza” del dictador encendió la mecha. Fue la provocación definitiva, el desafío que llevó a la por entonces vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, a impulsar la constitución de la Xunta Pro Devolución do Pazo, organismo que aglutinaba a concellos, entidades de la recuperación de la memoria y culturales e historiadores. Su constitución, dirigida a evaluar las vías jurídicas de recuperar el inmueble, coincidió con la publicación de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, el libro de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo que ofrece un exhaustivo relato sobre el modo en que fue adquirido y el constante desembolso de dinero público en su mantenimiento.
A partir de 2017, los hechos se precipitaron. La Xunta Pro Devolución do Pazo emitió el primer informe jurídico para la recuperación de As Torres, que apuntaba a la simulación de la escritura de compraventa de 1941. Poco después, el PP cambió de postura en el Parlamento y, tras oponerse poco antes a exigir su devolución, se avino a crear una comisión de expertos para analizar las vías para recuperar el baluarte franquista. El hallazgo por parte de la Abogacía del Estado de la escritura de 1938 por la que la Junta Pro Pazo adquiría el inmueble fue crucial para probar el fraude en el acuerdo de 1941 por el que la propiedad se inscribió a nombre de Franco.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 estimó íntegramente la demanda del Estado, a la que se adhirieron la Xunta, Diputación y los concellos de Sada y A Coruña. La jueza ordenó la devolución del inmueble y declaró a los Franco poseedores de mala fe sin derecho a indemnización. Queda un largo camino judicial por delante, pero el fallo ha permitido recuperar provisionalmente este baluarte franquista. Las administraciones debaten ahora los futuros usos y el nuevo relato.
