Una economía en permanente transición

Cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de agosto la autorización del Gobierno al cierre definitivo de la térmica de Endesa en la localidad coruñesa de As Pontes, a la central le quedaban algo menos de 100.000 toneladas de carbón ya. Los quemó, como hasta ahora, en su función de respaldo al sistema eléctrico español, cubriendo el hueco cada vez más pequeño que dejan las renovables. A la expulsión del mercado por el bum de las tecnologías verdes y al disparado coste de la materia prima y los derechos de emisión de CO2 se refirió la compañía en la histórica comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 27 de septiembre de 2019 que anunció la clausura de la planta tras más de 40 años de actividad.

Endesa, que llegó a iniciar las obras de mejora para alargar la vida útil acogiéndose al plan nacional transitorio de grandes instalaciones de combustión, propone sustituir los 1.469 megavatios (MW) de potencia de la térmica por una cartera de parques eólicos superior a los 1.000 MW. El estallido de la guerra en Ucrania obligó a mantenerla activa para contrarrestar el impacto de los altísimos precios del gas en el recibo doméstico. Ahora sí tiene los días contados. Se apaga la chimenea de España y el símbolo de una generación industrial caducada en Galicia.

El plan eólico de Endesa es solo una pequeña parte de todos los parques previstos en Galicia. A 31 de agosto, había 8.103 MW con enchufe autorizado, la mayor cantidad de todo el país, y otros 5.005 MW tramitan el enganche, según Red Eléctrica de España. El aluvión forzó a la administración autonómica a decretar una moratoria de año y medio en nuevos proyectos bajo su competencia, los de menos de 50 MW. Quería ganar tiempo para sacar del embudo aquellos que corrían el riesgo de quedarse sin conexión por incumplir los plazos de las autorizaciones marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica en su intento de pinchar la burbuja del viento.

Existen parques en plano pendientes todavía desde 2010, fruto del fallido concurso eólico con el que la Xunta preveía revolucionar la industria. En todo este tiempo, Galicia, pionera a principios de los años 90 en la explotación de la energía eólica y uno de los puntos de España con recurso de más calidad, perdió el histórico liderazgo en potencia instalada. Cuenta con 3.800 MW repartidos en unos 180 parques. A pesar del acelerón de la transición energética, en los últimos tres años y medio solo se estrenaron unos 60 MW.

Ninguna otra comunidad tiene tantos proyectos eólicos en cartera como Galicia, pero el sector lleva tres años bloqueado

El sector eólico y el resto de renovables luchan contra el atasco burocrático y los crecientes movimientos asociativos contrarios a la construcción de nuevos parques que están detrás del aluvión de recursos administrativos y demandas judiciales contra los proyectos. La anulación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de autorizaciones por supuestos errores en la tramitación y la suspensión cautelar de obras condicionan la ley de aprovechamiento de recursos naturales que prepara la Xunta para revertir en el territorio parte del beneficio de las promotoras y el despliegue de la Agenda Energética de Galicia. La comunidad aspira a ser un polo del hidrógeno verde en España y duplicar la generación fotovoltaica y eólica, incluida una estimación de 800 MW en parques marinos flotantes.

Después de mirar con recelo la posible implantación en las costas gallegas por el enfrentamiento con la pesca, la administración autonómica presenta ahora la offshore como una palanca clave en el camino hacia la neutralidad climática. Las grandes del sector, desde Iberdrola a Ferrovial, pasando por Capital Energy o BlueFloat, se han mostrado interesadas en las cinco áreas aptas identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Hay doce propuestas por el momento con una potencia superior a los 7.000 MW, que la industria del metal, artífice del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, espera como agua de mayo para dar un paso más allá en su diversificación.

En un claro intento de desbloquear la parálisis renovable, toda la cadena industrial de la energía, la construcción, la patronal gallega y los sindicatos CC OO y UGT acaban de sellar una alianza para afrontar “la judicialización masiva” del sector y desbloquear proyectos con una inversión de 9.000 millones de euros. Advierten que sin desarrollo renovable no habrá despegue industrial de Galicia. La inmensa mayoría de los grandes proyectos manufactureros que pretenden implantarse en Galicia –entre ellos, una macrofábrica de fibras textiles de Altri, otra de biofibras recicladas de Ence y una factoría de neumáticos de Sentury– o asegurar su viabilidad futura –Alcoa vincula la reapertura de la única planta de aluminio primario de España a bajar sus elevados costes energéticos– necesitan generación verde. Mucha.

El imperio automovilístico Stellantis está en ese grupo de consumidores. Busca un acuerdo de suministro a largo plazo (PPA) con firmas eólicas para abastecer su fábrica de Vigo. La compañía tiene una hoja de ruta para la descarbonización de la factoría y las esperanzas puestas en el PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) con el que implantar una de las nuevas plataformas industriales creadas por el grupo para sus nuevos modelos.

A pesar de las intermitentes paradas por los cuellos de botella en los componentes, en 2022 salieron 2.300 coches al día de la planta, coronada por Stellantis como la mejor del continente europeo en el primer semestre de este año. Están en juego su futuro y el de toda la economía regional. El motor emplea a alrededor de 16.000 trabajadores en Galicia. A su alrededor ha creado un ecosistema de 130 empresas auxiliares y de servicios líderes en innovación. La facturación del sector supera los 11.000 millones de euros y concentra casi una cuarta parte de las exportaciones de la comunidad.

El expertise acumulado en la automoción germinó una incipiente industria aeronáutica en Galicia integrada por 40 empresas proveedoras habituales de los grandes nombres del sector y las agencias espaciales ESA y NASA. Confía en colocarse muy pronto en el podio de la producción española gracias al incremento constante de los pedidos y a la labor del Polo Aeroespacial de Rozas (Lugo), donde gigantes como Airbus, Babcock o Telespazio diseñan los drones del futuro.

Planta de Zendal en O Porriño

Sí sobresale ya Galicia como región bioemprendedora. El 14% de las bioech que vieron la luz el pasado año se crearon aquí. Las empresas del ecosistema gallego ligado a las ciencias de la vida facturan de media 7,2 millones de euros. Lonza invertirá 200 millones de euros en sus nuevas instalaciones en el polígono de la Plisán; y Zendal, que en 2022 logró una facturación de 120 millones, está a punto de estrenar su fábrica de vacunas del norte de Portugal, donde con próximas ampliaciones prevé sacar al mercado hasta 384 millones de unidades al año.

Con 3,35 millones hasta agosto, el turismo gallego acaba de batir un nuevo récord de visitantes. Se consolida como gran referente de la España verde y la UE la sitúa entre los destinos que pueden ganar cuota por el cambio climático. La menor dependencia de los viajes de extranjeros amortiguó el impacto de la crisis del COVID-19 en la economía regional, entre las primeras del Estado en volver a los niveles prepandemia.

También ayudó la fuerte implantación de la industria agroalimentaria. Es un sector anticíclico. Supone el 7% del PIB, algo más del 12% de toda la producción industrial y da trabajo a unas 100.000 personas. Las ventas se distribuyen por prácticamente todo el mundo, especialmente las de la pesca (511 millones de euros de valor añadido bruto) y la conserva (otros 478 millones).

El sector primario, precisamente, refleja el acuciante déficit de mano de obra cualificada que se necesita en Galicia. El campo pierde una media de 1.000 trabajadores cada año. Las cooperativas gallegas tratan de frenar la sangría con un plan de contratación conjunta, bolsas de empleo de sustitutos para garantizar vacaciones en las explotaciones y facilitar vivienda para captar la atención de nuevo personal. Las lácteas y el vino buscan hacer lo mismo apostando por la digitalización al máximo de los procesos.

Además de la falta de perfiles con determinadas competencias para afrontar el reto de la explosión tecnológica en el tejido productivo y la transición energética, Galicia arrastra el gravísimo problema del invierno demográfico. Encadena 35 años consecutivos de saldo vegetativo. En 2022 hubo 20.000 fallecimientos más que nacimientos. Por cada 100 personas que están en edad próxima a la jubilación, solo entran 17 nuevas en el mercado laboral. Nadie duda ya de que el principal problema de Galicia es la falta de relevo generacional. Sin nueva industria, está condenada a ser un territorio irrelevante social y económicamente.