La Generalitat de Cataluña cobrará 0,25 euros cada mes, un total de 3 euros al año, a las operadoras de internet por cada conexión contratada en Cataluña, con el objetivo de fomentar la producción y mejora del sector audiovisual catalán, ha anunciado este viernes el consejero de Cultura, Ferran Mascarell.

El consejero ha explicado que se trata de un nuevo tributo, denominado Impuesto a los operadores proveedores de contenidos por Internet para el fomento del sector audiovisual, con el que se espera recaudar cada año unos 20,5 millones de euros, y que podría estar aprobado antes del verano.

Mascarell ha indicado que las principales operadoras del sector como Telefónica, Ono, Vodafone y Jazztel estudian la propuesta, a la que en principio son contrarias, según dieron a conocer en noviembre en un contundente comunicado donde aseveraban que esta medida, de aprobarse, vendría a sumarse a otras figuras tributarias "totalmente injustas y arbitrarias".

Sin embargo, el dirigente político, en un encuentro con periodistas esta mañana, se ha mostrado optimista de cara a llegar a un acuerdo, aunque no ha dudado de que "habrá debate".

A su juicio, de todas maneras, se trata de empresas de "fuerte recorrido, a las que les va a tocar pagar entre siete y ocho millones de euros, por lo que no las desfalcaremos".

Respecto a las razones que llevan a la Generalitat a la implantación de este nuevo tributo ha argumentado que es "necesario fortalecer y ayudar a la producción propia audiovisual, como ocurre en otros países europeos cuando expresan la excepción cultural para defender en positivo su legado cultural y lingüístico".

Ha reconocido que el gobierno catalán no dispone "de todos los mecanismos necesarios para proteger la lengua y la cultura catalanas", y no ha escondido que en los últimos tiempos diferentes factores han confluido en el descenso de financiación para las producciones audiovisuales.

En este punto, ha indicado que en apenas once años -entre 2001 y 2012- los espectadores en las salas se han reducido a la mitad, y ha destacado que las aportaciones de los presupuestos públicos también se han reducido a la mitad, subrayando que en el caso de los fondos procedentes del Ministerio, "en los últimos dos años han desaparecido".

"Podemos silbar -ha continuado- o afrontar la realidad. Y lo que nos gustaría es que las nuevas generaciones con ganas de hacer audiovisual y también los mayores lo puedan hacer. Si no espabilamos, en cambio, no podremos continuar haciendo frente a eso. El tributo está hecho para que se hagan buenas películas", ha concluido.

Por otra parte, ha dejado claro que, por ley, se garantizará que "las operadoras no repercutan el impuesto en el usuario final", encargándose la Agencia Tributaria de Cataluña "y los órganos competentes en materia de consumo" de vigilar por el cumplimiento del mandato.

Con lo que se obtenga se dotarán dos fondos, uno para el fomento de la industria audiovisual y otro para la promoción del acceso a internet a los equipamientos culturales y para el fomento de productos digitales sobre el patrimonio catalán.

Según el consejero, otras comunidades españolas ya se han interesado por el proyecto, y ha sostenido que el debate sobre el audiovisual como generador de riqueza es prioritario en toda Europa, donde han analizado sistemas como el francés, el alemán o el inglés.

"Injusto y arbitrario"

Tras conocer la noticia, Ametic, la patronal que agrupa a los operadores y fabricantes tecnológicos, ha advertido al Gobierno catalán de que si aplica la tasa por conexión a internet las empresas afectadas "iniciarán acciones legales" en el ámbito autonómico, nacional y europeo con el fin de anularla.

Las operadoras consideran este impuesto "injusto y arbitrario", y por ello muestran su "oposición frontal" a una tasa que, según Ametic, les obligará a asumir "unos costes innecesarios que nada tienen que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables".