Poznan es el penúltimo asalto en el combate contra el cambio climático, que debe concluir en la reunión de Copenhague del próximo año, donde se espera conseguir un nuevo acuerdo mundial que sustituya al adoptado en Kioto en 1997, y que dejará de estar en vigor en 2012.

Si las naciones del mundo llegan ahora a un compromiso, se abrirán las puertas para que en Dinamarca se logren objetivos tan ambiciosos como limitar a dos grados el calentamiento global en este siglo o la reducción de hasta un 60 por ciento de las emisiones de CO2 en los próximos cuarenta años.

Unas metas tan necesarias como complicadas, ya que para muchos la amenaza de la crisis financiera hace difícil que se consiga un resultado positivo en Poznan, donde los problemas económicos pueden traducirse en una reducción de los recursos destinados por los países a la lucha contra el cambio climático.

El propio secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el holandés Ivo de Boer, manifestó recientemente su temor a que la crisis económica internacional pueda conducir a una menor disposición para invertir en medidas para frenar el calentamiento global.

También dijo que la recesión puede derivar en una caída del consumo energético, lo que a su vez reduciría las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Desde grupos ecologistas como Greenpeace se mantiene el optimismo y se espera que Poznan se cierre con medidas concretas.

"Aún con crisis económica, los gobiernos pueden hallar recursos para combatir el cambio climático, del mismo modo que han movilizado capital para asistir a los bancos, a pesar de que estos han sido víctimas de sus propios errores", explicó a Efe Magdalena Zowsik, responsable de energías de esta organización en Polonia.

Para Zowsik, el impacto del calentamiento del planeta "será más fuerte que cualquier crisis económica, así que es ésta la que hay que combatir".

Donde no existe ninguna duda es en la necesidad de la implicación de potencias emergentes como China, India, Brasil o México para lograr un nuevo Protocolo posterior al de Kioto.

Desde el grupo del G-77 (el que engloba a los países menos desarrollados) y China se pide acelerar la transferencia tecnológica y el establecimiento de un fondo de ayudas para luchar contra el cambio climático, incluso se propone que los estados más ricos destinen el uno por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) a ayudas para combatir este problema.

La medida parece difícil en el contexto de crisis financiera mundial, aunque el propio Boer reconoció que "si se adoptara (esta propuesta), generaría una gran cantidad de recursos".

También se confía en que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, impulse unas negociaciones donde se juega el futuro del planeta, aunque en la Conferencia de Polonia la administración Bush todavía ostentará el poder efectivo, antes de que el demócrata asuma la presidencia el próximo mes de enero.

A pesar de los impedimentos, alrededor de 8.000 personas y delegados de más de 190 países intentarán ponerse de acuerdo en Poznan para consensuar una hoja de ruta a seguir para llegar con éxito a la definitiva cita de Copenhague.

Desde España, se asegura que se impulsará "la necesidad de hacer una fuerte apuesta por las políticas de cambio climático y modificar las pautas energéticas y de desarrollo tradicionales para poder superar la actual situación financiera y económica internacional".

Un mensaje de cambio que parece complicado si se tiene en cuenta que dentro de la propia Unión Europea existen discrepancias, a pesar de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó recientemente a Europa a mantener "el liderazgo" en materia de cambio climático y evitar que la crisis financiera merme su compromiso de reducir la emisión de gases contaminantes.

Lo cierto es que tras el estallido de la crisis económica, una decena de países agrupados en torno a Italia y a la organizadora de esta conferencia, Polonia, tratan de suavizar un paquete de medidas que pondría a la UE a la cabeza en los esfuerzos de reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Las directivas que planea Bruselas incluyen la ambiciosa reducción del veinte por ciento de CO2, un ahorro energético del veinte por ciento y aumentar hasta un veinte por ciento el uso de energías renovables dentro del territorio de la Unión.