El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, ha dicho este miércoles que, ante los cambios anunciados en vivienda por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, exigen que haya medidas legislativas similares a las europeas, que protegen más a los inquilinos y frente a los impagos.

Ábalos avanzó ayer que su departamento tiene listo un primer paquete de medidas urgentes en vivienda que serán incluidas en un borrador de real decreto-ley y que elevará próximamente al Consejo de Ministros.

Recogerá las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo interministerial que se creó para desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En declaraciones a EFE, Morote ha señalado que las leyes autonómicas que regulan la compra o alquiler de la viviendas están "bastante bien", aunque ha recordado que la mayoría, aprobadas durante el Gobierno del PP, fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional.

"El Tribunal -ha añadido- ha avalado la inmensa mayoría, por lo que hay que aplicarlas", ya que son más permisivas que la estatal, cuya última reforma, en 2013, "redujo la duración de los contratos" y no pone límites al incremento de los alquileres.

A su juicio, los ayuntamientos deben regular los precios del alquiler y controlar el parqué inmobiliario de los "fondos buitres" y de los bancos, que tienen "cientos de miles de viviendas, inciden en los precios y retiran pisos" del mercado, pues actúan como "un monopolio".

Para Morote, "es necesario cambiar las leyes y que los inquilinos se puedan defender" y ha comparado la actual situación de desahucios por impago de los alquileres a la de 2012 con los de ejecución hipotecaria.

En su opinión, las medidas del Gobierno deberían promover que salieran al mercado los pisos vacíos y ha recordado que el Instituto Nacional de Estadística cifra en 3,5 millones su número, lo que podría conseguirse con una reforma fiscal de la vivienda con "multas de narices" para sus dueños: en su mayoría los grandes propietarios, bancos y "fondos buitres".

Respecto a las nuevas medidas que podría aprobar el Gobierno, ha sugerido que serán las previstas en los Presupuestos de 2019, pactadas con Unidos Podemos, como la ampliación del tiempo de los contratos o vincular la subida de los alquileres al IPC.

Para el portavoz de la PAH, serían "medidas insuficientes porque no entran en el mercado de las viviendas vacías, ni afectan a los contratos en vigor".

"Siempre trabajan a favor de los grandes propietarios -ha añadido- y, alguna vez, habrá que trabajar en favor de las personas".

Se ha referido también al aumento en el precio de compra de los pisos, "muy próximo" a los años de la "burbuja inmobiliaria", y ha apreciado que "lo mejor es pinchar" esos precios, lo que "se hace entrando en el mercado".

Por todo ello, no espera "ningún avance por el cambio legislativo".

En su opinión, las reformas que ha habido han sido por sentencias de tribunales europeos, "que han revolcado a los de aquí" y ha reclamado una transposición de las directivas de la UE a España sobre vivienda.

"Exigimos medidas legislativas en vivienda que nos traigan a los estándares europeos", ha precisado Morote, que ha recordado que también la ONU, en un dictamen en el verano de 2017, hace una serie de recomendaciones a España, para que los inquilinos se puedan defender ante demandas por impago.

Respecto a la implicación de los servicios sociales de los ayuntamientos para parar los desahucios, Morote ha aludido a acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que obligan a los jueces a avisar a este departamento municipal, así como la ley de Enjuiciamiento Civil, ante los desalojos.

"Pero hay un problema con los jueces", ha considerado.