Naciones Unidas

La falta de recursos y la poca voluntad política está detrás del flujo de residuos tóxicos

25.06.2008 | 13:14

Naciones Unidas advirtió hoy de que la falta de recursos y la escasa voluntad política están perjudicando los esfuerzos para detener el flujo de residuos tóxicos de los países ricos a las naciones menos desarrolladas.

"Es un asunto sobre el que nadie habla, y está siempre al final de la agenda medioambiental porque no es atractivo", afirmó en un discurso Katharina Peiry, secretaria de la Conferencia de las Partes de la Convención de Basilea sobre el Control de Residuos Peligrosos, que celebra su reunión anual en Bali (Indonesia).

Peiry atribuyó la raíz del problema a que los países pobres no tienen recursos suficientes para hacer cumplir la ley y vigilar la llegada a su territorio de todo tipo de basura, desde sustancias químicas nocivas a restos de fábricas.

La representante de la ONU puso como ejemplo el caso de Costa de Marfil, en cuyos puertos se vertieron en 2007 cientos de toneladas de material tóxico, que mataron a diez personas e hicieron enfermar a decenas de miles.

El origen de esta fuga estuvo en Trafigura Beheer BV, una compañía holandesa que decidió llevar sus residuos a la capital marfileña de Abiyán para ahorrar costes, de lo que se encargó una empresa local que no tenía medios para hacerlo.

Trafigura Beheer BV acordó compensar con 236 millones de dólares al Gobierno de Costa de Marfil, pero niega su responsabilidad en los hechos.

Los críticos de la Convención de Basilea afirman que este caso refleja las limitaciones del pacto, que incluye que un país debe buscar el consentimiento de otro para exportar allí sus residuos, y permite a los gobiernos prohibir la entrada de desechos de fuera.

Sin embargo, no contempla una prohibición total y a escala mundial de estas actividades.

En 1995 se propusieron enmiendas al acuerdo, pero por el momento no se han unido suficientes naciones al proceso reformador, que será debatido en Bali por los ministros de Medio Ambiente de muchos de los países firmantes.

Los gobiernos que se oponen a la prohibición argumentan que el veto acabaría con los mecanismos limpios de eliminación de residuos que tanto han beneficiado a economías como la India o Tailandia.

Delegados de unos 170 países analizarán hasta el viernes medidas para fortalecer la aplicación de la convención, que entró en vigor en 1989.

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