Teóricamente la Unión Europea sólo puede permitir la destrucción de estas praderas, donde se reproducen las principales especies de pesca comercial, por obras que garanticen la seguridad pública y la salud humana, y si la Comisión lo aprueba el Estado debe garantizar la protección del medio marino y puede proponer "medidas compensatorias", ha explicado a Efe la responsable de Greenpeace Pilar Marcos.

Estas medidas, que consisten en reubicar los bosques de posidonia, no cuentan con el aval científico y han fracasado en todos los proyectos que no son de muy pequeña escala, como en el del bosque de 10.000 metros cuadrados trasplantado al ampliar el puerto de Civitavecchia de Roma; "en 2007 no quedaba nada de esa pradera", ha apuntado Marcos.

En España el proyecto de relocalizar unos 300.000 metros cuadrados de posidonia destruidos por la ampliación del puerto de Luis Campomanes de Altea está paralizado en los tribunales, pero dos desalinizadoras de Alicante aprobadas por la Comisión destruirán superficies de esta especie, ha señalado.

El informe de impacto ambiental de la ampliación del puerto San Adriano en Calviá (Mallorca) no recoge la existencia de un bosque de posidonia de 25.000 metros cuadrados, por lo que no se pedirá la aprobación de la Comisión, ha asegurado.

"No hay obras que protejan la salud humana, la mayoría son puertos deportivos, desalinizadoras y espigones", ha afirmado Marcos, quien ha pedido a la Comisión Europea que prohíba todas las obras que afecten a la posidonia porque "existe el riesgo de usar la compensación como pretexto para seguir permitiendo un proyecto de urbanismo destructivo, engañar a los ciudadanos y limpiar la conciencia de los gestores".