El texto, que será votado por el pleno del Parlamento el próximo jueves, insta a la Comisión Europea (CE) a permanecer "vigilante" sobre el cumplimiento de las normas medioambientales por las autoridades competentes en la zona, según el eurodiputado del PSE Luis Yáñez.

La resolución común no contiene la "felicitación" a las autoridades españolas por su actuación, que los socialistas pretendían incluir en el texto, ni la denuncia a la "cadena de errores" que propugnaban por su parte los populares, según Yáñez.

No obstante, los dos grupos podrán plantear enmiendas al texto durante la votación en el plenario para reintroducir sus posiciones.

Yáñez aseguró que el texto común "toma como base el proyecto de resolución socialista" y, tras describir los hechos acaecidos desde el siniestro del buque, formula "implícitamente un reconocimiento de la tarea de las autoridades" españolas.

Por su parte, fuentes del PPE indicaron que la resolución pactada reclama que "se investigue si se han violado directivas, que se vigile la práctica del bunkering (trasvase de combustible en el mar), que se presente y publique el plan de rescate de buque y de la carga y que se informe de su toxicidad".

El texto común cuenta con el respaldo inicial del PPE, el grupo Socialista, Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE), y el Liberal -cuyo presidente y negociador en la materia, Graham Watson, es electo por una circunscripción que incluye a Gibraltar (colonia británica).

En el debate celebrado anoche en el pleno, Gerardo Galeote (PP) pidió una rectificación al comisario europeo de Transportes, el francés Jacques Barrot, por haber dicho que el accidente se produjo en "aguas de Gibraltar", a lo que éste accedió, tras precisar que no pretendía pronunciarse sobre el contencioso en torno al Peñón.

Watson tomó luego la palabra para sostener, en cambio, que el comisario acertaba al referirse "a las aguas de Gibraltar", aunque afirmó también que el suceso ha tenido lugar al "sureste" del Peñón, en aguas del Mediterráneo.

Previamente, Barrot había explicado que el "naufragio de New Flame ha tenido consecuencias graves, pero no ha sido una catástrofe de las dimensiones" que tuvo el hundimiento del Prestige en 2002.

El comisario recordó que, a petición de España, la Agencia Europea de Seguridad Marítima ha proporcionado imágenes por satélite y enviado un buque anticontaminación a la zona, y que Bruselas examina una denuncia de la Junta de Andalucía sobre un posible incumplimiento de la legislación comunitaria en Gibraltar.

Barrot desvinculó el suceso de las prácticas de bunkering habituales en el Estrecho, y puntualizó que, según las autoridades británicas, tales avituallamientos se ajustan a las normas europeas, con buques dotados de doble casco y permisos en regla.

Por su parte, Galeote relacionó el incidente con el "descontrol en el manejo de un tráfico de alta intensidad y las operaciones masivas de trasvase de combustible entre buques en el mar" que, a su juicio, se dan en el Estrecho.

"En este caso concreto, además, se ha producido una cadena de errores y dejaciones de responsabilidad en el control sobre el buque, tanto antes como después de la colisión", añadió.

En cambio, el socialista Yáñez hizo hincapié en que relacionar el caso del New Flame y sus 24 toneladas de fuel vertido, con el Prestige y sus 70.000 toneladas de chapapote, "sería como comparar un rasguño con un cáncer terminal".

"Las autoridades españolas han actuado con celeridad eficacia y competencia, quizá porque han aprendido de las cadena de errores y barbaridades que cometió el Gobierno competente cuando el Prestige", dijo Yañez, que aseguró que "nueve meses después, el asunto está bajo control".

Watson defendió, por su parte, que en el New Flame sólo "ha habido un vertido menor y no varios", y defendió que "Gibraltar cumple todas las normas medioambientales y internacionales" en esta materia.

Raul Romeva, de Los Verdes, abogó por aparcar el problema diplomático, por que "el fundamental es el ecológico, que es el que hay que enfrentar".

Por su parte, Willy Meyer, de Izquierda Unida Europea (IUE), urgió a la Comisión Europea a promover un mecanismo de control del tráfico marítimo en el Estrecho, y consideró que "no es de recibo que el buque siga nueve meses después allí".