La campaña se desarrolla, según han informado los grupos ecologistas en un comunicado, con motivo del décimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, que se producirá el próximo 25 de abril y culminará el sábado 26 de abril con una ruta por la Mina de Las Cruces, las Minas de Aznalcóllar y el Corredor Verde del Guadiamar.
El 25 de abril de 1998 se rompió la balsa de residuos que almacenaba aguas ácidas y lodos mineros de las minas de Aznalcóllar.
La riada de lodos tóxicos inundó el río cubriendo con un imponente manto negro miles de hectáreas, y aunque, pasados diez años, la catástrofe parece superada "no es cierto, ya que aún existen problemas y se vuelven a repetir los errores de hace una década", han asegurado estos colectivos.
Según estas organizaciones el Corredor Verde está hoy amenazado por múltiples problemas: presión urbanística, falta de vigilancia, pesca y caza furtiva, pastoreo ilegal, circulación de vehículos a motor, la acumulación de pastos que puede originar incendios forestales en algunas zonas y la quema intencionada de rastrojos en sus inmediaciones, entre otros.
Para las organizaciones firmantes, es necesario que la Junta de Andalucía recupere el planteamiento inicial y culmine los trabajos en la zona norte de Aznalcázar, con el fin de que el Guadiamar vuelva a recuperar su funcionalidad como corredor.
Igualmente es necesario proteger al Guadiamar de las pretensiones para llevar agua a la zona de marisma transformada de Aznalcázar desde el embalse del Ágrio, lo que transformaría el actual río en un canal de riego que impediría su función integral como corredor ecológico al alterarse el régimen natural de aguas, con la más que probable afección a la flora y fauna autóctona adaptada a las características propias de un río mediterráneo con una fuerte estacionalidad de crecidas y marcado estiaje.
Las seis organizaciones exigen a las administraciones públicas, Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica, SEPRONA y Ayuntamientos que garanticen la vigilancia y mantenimiento del espacio, erradiquen las actividades ilegales del mismo, lleven a cabo las actuaciones necesarias para asegurar el correcto uso público y fomenten la conciencia social en defensa del Corredor Verde.
