A estas alturas, y tal como están las cosas en la Administración de Justicia de Galicia, lo único claro es que las partes ya no deben intentar ni siquiera convencer a los escépticos acerca de quién lleva razón. Y no porque ambas se la repartan, que no sería razonable equiparar a quienes -los huelguistas- tienen a los tribunales con más de 17.000 juicios pendientes y a los registros, y demás servicios con decenas de millares de trámites pendientes, con los que vienen obligados -desde la Xunta- a velar por el interés general y ajustarse a la legislación vigente.
Caben matices, desde luego, sobre todo si se profundiza en lo que, aún sin admitirlo, ha sido el gran error de los dos bandos: buscar el papel de vencedores en el conflicto. El comité de huelga lo intentó haciendo lo que en el ciclismo se llama "la goma", es decir, cediendo ritmo para aparentar debilidad en un momento dado para al siguiente protagonizar un arreón para despistar a sus adversarios. La Consellería, cambiando el tono para que nadie pudiera dejarla atrás y acercando lentamente posturas, para ver si se agotaba la paciencia del rival. Y, así, dos meses largos.
En este tiempo, y además de lo dicho -que, ésta vez y aún a riesgo de equivocarla, es más una descripción que una opinión: el erróneo duelo se oyó en las manifestaciones resumido en el grito "no cederemos ante Rueda"- se han solicitado, y también propuesto, salidas para el conflicto. Especialmente la mediación o el arbitraje. La última propuesta, que en este fin de semana parece haber sido analizada, es de uno de los colectivos directamente afectados -el Colegio de Abogados de Galicia- que ofrece experiencia y conocimiento de la situación real, porque la padece tanto como los ciudadanos o más y por tanto podría ser útil.
La oferta, por lo dicho y otros argumenos que podrían añadirse, es viable y sobre todo permite una oportunidad que debió ser considerada desde el principio: que el problema no se convirtiese en ese duelo del que solo uno podría sobrevivir. Porque el empecinamiento solo haría que la Xunta pagase un fuerte precio político y un desgaste evidente, sobre todo si tuviese que obligar, con la ley en la mano, al cumplimiento estricto y real de los servicios mínimos. En esa hipótesis, al comité no le quedaría otro remedio que arriar la bandera tarde o temprano.
Así las cosas, y a la espera de noticias acerca de si la iniciativa del Colegio de la Abogacía es aceptada por las partes y alcanza una solución, parece imprescindible insistir en preguntas que no por repetidas estorban: ¿y la gente del común? ¿Por qué ha de apechugar durante tanto tiempo, sobre todo en un servicio público imprescindible, con las peores consecuencias de un conflicto en el que no tiene modo de intervenir -sus representantes políticos no actúan en su favor, sino en el de sus respectivos intereses políticos circunstanciales- y solo ha de resignarse? ¿No es hora de remediar esto respetando los derechos de todos, separando el grano de la paja y legislando para que de verdad se cumpla eso de que la igualdad es un hecho cierto y no solo un deseo? Desde luego, doctores hay en esa iglesia que sabrían responder. Lo malo es que callan porque les conviene.
¿O no?
