El Santander firmó el pasado 12 de diciembre un importante acuerdo con los sindicatos para facilitar la salida de 1.100 trabajadores y la recolocación de otros 575 como primera medida de ajuste en los servicios centrales del banco tras la absorción del Popular. Habrá más, aunque la unión de las oficinas y, posiblemente, el futuro de la marcas no se toque hasta 2019. Incluido el nombre del histórico Pastor, la segunda entidad más importante en red y negocio en Galicia, con más de 1.400 empleados. Como ocurrió con la fallida fusión de las cajas, la reconversión financiera a azotar de lleno a la comunidad con la caída del Popular.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de la entidad el 7 de junio. Tras muchos meses de intensos rumores sobre la posible quiebra, el Popular se convirtió en el primer banco intervenido por el Mecanismo Único de Resolución Europeo, que decidió entregarlo por un euro al Santander para evitar un nuevo rescate público.

Meses antes, el hasta entonces presidente, el gallego Ángel Ron, presentó su dimisión. El consejo de administración había empezado a mover los hilos para relevarle por Emilio Saracho, que entre sus primeras decisiones estuvo la revisión de las cuentas para descontar otros 630 millones en un balance que, hasta diciembre, arrojaba pérdidas históricas por valor de 3.485 millones. Saracho apostó por intentar una ampliación de capital, pero el FROB y el mecanismo europeo lo declararon inviable.

Buena parte del consejo de administración que dirigía el Popular-Pastor en aquel momento, también el vicepresidente José María Arias Mosquera, han acudido a la Audiencia Nacional a denunciar la resolución de la entidad, que acumula una marabunta de demandas judiciales por parte de pequeños accionistas y organizaciones de consumidores. Tanto Ron como Saracho están investigados por varios posibles delitos relacionados con la quiebra del Popular, que dejó en la Fundación Barrié con un agujero de 166 millones y una financiación mermada.