La inesperada anulación del Plan Xeral (PXOM) de Vigo siete años después de su entrada en vigor supuso un tremendo varapalo para el urbanismo vigués. La resolución del Tribunal Supremo, que se conoció el 30 de noviembre, declara el planteamiento "radicalmente nulo" por no haberse sometido a tramitación ambiental por la Xunta. Así, ha entrado en vigor el plan de 1993 y es necesario tramitar otro desde el principio. A pesar de los duros reproches que se lanzan sobre el tema, los tres grupos con representación en el pleno ya han aprobado por unanimidad el inicio del proceso. El plazo para que la ciudad disponga del nuevo son aún una incógnita
La sentencia vuelve a introducir la incertidumbre en el urbanismo vigués en un momento en el que empezaban a tramitarse proyectos de nuevas urbanizaciones, tras años de sequía con la crisis. Frena en seco una treintena de ellos con 8.000 viviendas -como las 710 de Cabo Estai o las 350 del Barrio do Cura-, además de bloquear la Ciudad de la Justicia cuando ya se había completado la expropiación del suelo. También deja en suspenso los sistemas generales ,como la estación intermodal autobús-tren que completaría el complejo del AVE en Urzáiz; la Ronda, el vial que conectaría Navia con Teis; o el corredor verde del Lagares. También afecta a tres parques industriales -la ampliación de Balaídos y del Tecnológico así como la creación del polígono de Raviso, al pie de la avenida de Madrid- y dos zonas hoteleras con proyectos residenciales en segunda línea de playa en Samil. Los proyectos en trámite se retrasarán, pero no se quedarán obsoletos, ya que el nuevo plan mantendrá el modelo.
Al anularse el PXOM de 2008 entró en vigor el de 1993 y solo se pueden conceder licencias con arreglo a esta ordenación, ya casi agotada. Aunque hay que iniciar la tramitación del nuevo desde cero, el contenido del plan anulado está técnicamente ileso -el fallo radica en la falta de la evaluación ambiental de la Xunta-. Por ello, el Gobierno local ha anunciado que mantendrá el documento al considerar que es más ágil. Los técnicos trabajan a marchas forzadas para adelantar los plazos y ya han pedido documentación a diez organismos. Para la Ciudad de la Justicia, la estación intermodal y las ampliaciones de PSA y el Tecnológico, el Concello pide a la Administración autonómica que declare la incidencia supramunicipal, pero esta lo descarta al entender que ni acortaría los plazos ni estaría blindada jurídicamente. Estudia otra fórmula, principalmente, para Balaídos ante su "singularidad excepcional" por la urgencia que requiere la factoría.
