Una vez más la historia se repite. Llega final de año y a los ciudadanos casi se nos acosa aconsejándonos ahorrar para nuestra jubilación. Es el sector financiero, como intermediario o gestor de los fondos de pensiones, el que nos anima a ello, prácticamente con el único argumento de que ahorrando para el futuro rebajamos nuestra factura fiscal ahora. Nuestros gobernantes sobre este tema hacen mutis por el foro, y de decir algo, nos reiteran una y otra vez que las pensiones públicas están garantizadas, que con las reformas llevadas a cabo el sistema es sostenible, y que el déficit actual del sistema es algo coyuntural, ligado a la crisis del mercado de trabajo, que sobrellevaremos fácilmente con la conocida como hucha de las pensiones que llenamos en los buenos tiempos.
No nos cuentan todo nuestros dirigentes, y lo que nos dicen además son verdades a medias. Al hablar del sistema de pensiones en España no podemos mirar a los próximos cinco o diez años, en los que este podrá cubrir sus obligaciones con las reformas ya introducidas, siempre que se consolide la recuperación económica y aún a costa de vaciar la hucha de las pensiones. El análisis de nuestro sistema de pensiones debe hacerse en el horizonte, como poco, del simbólico año 2050. Ya sé que falta mucho, pero echemos cuentas de qué edad tendremos cada uno de nosotros hacia esa fecha -Dios mediante-, y nos daremos cuenta de que lo que pase con nuestro sistema público de pensiones nos va afectar de pleno como jubilados.
Y en ese horizonte, e incluso antes, el problema principal en materia de pensiones no va a ser de crisis económica o de desempleo, será un problema de demografía. Los datos son demoledores, y prácticamente imposibles de cambiar: la población mayor de 66 años representará el 30,7% del total en el año 2050; esto supondrá que si hoy tenemos 3,8 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilación, esa ratio se reducirá a 1,6, menos de la mitad. Para que seamos conscientes de lo que ello conlleva: mantener la ratio actual supondría retrasar la edad de jubilación hasta los 75-77 años, o incorporar población activa inmigrante en un número superior a los 28 millones. En todo caso, esta última alternativa tampoco sería una solución, pues suponiendo que tuviésemos trabajo para ellos, tan sólo retrasaríamos el problema al generarse nuevos derechos de pensiones que tendrían que pagarse algún día. Tampoco pensemos que el problema se solucionaría con un incremento de la natalidad, las cifras necesarias supondrían un cambio tan radical de la tendencia actual que no parece factible y, además, los niños tienen un problema, nacen con cero años, con lo que tardarían mucho tiempo en ayudar a corregir la situación.
Con este panorama, la viabilidad del sistema público de pensiones pasa por introducir reformas que garanticen su sostenibilidad, pero explicando de una forma franca lo que estas conllevan: si queremos un sistema viable y sostenible, es imposible mantener el nivel actual de las pensiones, tendremos que reducirlas. En esa línea van las reformas ya introducidas, lo que pasa es que no se nos ha trasladado con claridad y de forma cuantificada lo que van a suponer en términos de merma de las pensiones actuales, y, en esa misma línea, serán necesarias más reformas. Reformas y reformas que garantizarán, porque además nos obligarán a ello nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria, que nuestro sistema público de pensiones pueda seguir haciendo frente al pago de las pensiones, eso sí, reduciendo su cuantía. Este proceso ya se ha dado en otros países, en los que las tendencias demográficas se han producido con anterioridad. Pensemos que la tasa de cobertura -la parte del sueldo previo que cubre la pensión pública-, en España está en el 76%, mientras que la media de la OCDE es del 40,6%, nos guste o no, hacia esa media nos aproximaremos.
Ante este escenario, si queremos hablar de un sistema suficiente, en términos de poder cubrir nuestras necesidades personales llegada la edad de la jubilación, necesidades que además serán específicas de cada uno de nosotros, la pensión pública debemos complementarla con un ahorro privado bien planificado. Junto a esto pensemos, y tomen nota nuestros gobernantes, que será necesario flexibilizar la jubilación y permitir compatibilizar las pensiones con rentas salariales.
Aunque no nos guste, esto es lo que tenemos que tener claro en relación con el futuro de las pensiones. Seamos conscientes de ello y actuemos, tanto los poderes públicos como cada uno de nosotros, en consecuencia. Que las pensiones no nos hagan recordar el viejo dicho de que las penas de viejo son más penas.
