Junto a la "solidez" de los indicios criminales existentes, continúa "subsistiendo" un "grave" riesgo de fuga y la medida se justifica además por "la necesidad de protección" de la presunta víctima. Éstas son las principales razones que han llevado a la Audiencia Provincial de Pontevedra a denegar por tercera vez la puesta en libertad provisional de M.R.L., el hombre de 42 años que permanece encarcelado desde hace más de un año por supuestamente obligar a una menor de 15 a quedar con él y a mantener relaciones sexuales, en una ocasión bajo la intimidación de un cuchillo. El procesado está en la actualidad en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) y el juicio contra él ya está muy próximo: el Juzgado de Instrucción número 2 de Porriño, que fue quien llevó el caso, dictó este pasado mes de abril el auto en el que declaró concluso el sumario, ordenando por ello su remisión a la Audiencia pontevedresa, en una de cuyas salas se celebrará la vista oral.

A la espera de que la Fiscalía y las demás partes personadas en la causa presenten sus respectivos escritos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha vuelto a rechazar la excarcelación de este hombre, que según consta en la resolución con fecha de este 30 de abril cuenta con "numerosos antecedentes penales" por otros delitos que lo mantuvieron "un largo período cumpliendo condena" de forma previa a que se descubriese este caso de presuntos abusos a una adolescente. De hecho, cuando entabló contacto por primera vez con ella, en noviembre de 2016, acababa de salir de la cárcel.

Procesamiento

El hombre está procesado por la presunta autoría de un delito de abuso sexual a persona menor de 16 años, otro de amenazas y otro de coacciones. Entre ese noviembre de 2016 y hasta febrero de 2017, cuando se descubrió todo y se decretó la prisión provisional, supuestamente mantuvo en contra de la voluntad de la chica contacto con ella, dándole "instrucciones" de cómo debía comportarse y sometiéndola, concluyó la juez instructora, a "amenazas y coacciones" que llegó a "hacer efectivas" golpeándola en la cara "por no mantener una actitud sonriente". "Igualmente le hizo cortes en los brazos y uno en el mentón", se especifica en una resolución. La habría obligado a mantener relaciones sexuales con él, en una ocasión intimidándola con un cuchillo.

En el auto dictado esta semana por la Audiencia en el que se desestima el último recurso de apelación de la defensa pidiendo la excarcelación, los magistrados remarcan la "solidez de los indicios de criminalidad" contra el investigado en base al testimonio de la menor y de los testigos, al informe psicológico y en virtud del contenido de una "nota manuscrita" cuya autoría, señalan, reconoció el procesado. Unos hechos que podrían suponer un delito continuado de agresión sexual, "que puede llevar aparejada una pena de hasta 15 años de prisión".

Frente a los alegatos de la defensa de que no hay riesgo de fuga ni de que atente contra los bienes jurídicos de la joven, el tribunal aprecia lo contrario. Considera que el peligro de fuga persiste: "[...] para nada se aprecian vínculos familiares mínimamente sólidos como para disuadirle del deseo de huida y tampoco los tiene de carácter laboral". Y este no es el único motivo que lleva a los jueces a mantener la medida privativa de libertad. "[...] la naturaleza y circunstancias del delito que indiciariamente se le atribuye, el ataque reiterado contra la libertad sexual de víctima menor de edad y con presunta intimidación, avala la necesidad de protección de la presunta víctima [...]", concluyen.