El Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad olívica ha citado como investigado por un delito de presunto acoso sexual al jefe de la Policía Autonómica en Vigo, AJ T.R., tras la denuncia de la mujer que asegura haber sufrido represalias por su reiterado rechazo a las presuntas pretensiones de su jefe y no querer entrar en su juego. La apertura de varios expedientes y la situación que vivía llevaron a la agente del Cuerpo Nacional de Policía a solicitar el cambio de destino y abandonar la Policía Autonómica, donde tenía un cómodo puesto de trabajo, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que la apoya y presta asesoramiento jurídico.
El Juzgado de Instrucción 8 de Vigoha admitido a trámite la querella y ha citado al jefe de la Policía Autonómica en Vigo para que declare como investigado por un supuesto delito de acoso sexual el próximo día 8 de mayo. Durante la mañana de ayer prestaron declaración como testigos varios agentes, compañeros de la denunciante, que habrían sido testigos se algunos de los hechos denunciados.
El juzgado ha fijado un calendario de declaraciones que se inició con la de la denunciante, que también fue examinada en la clínica forense. La rueda de testimonios todavía no está cerrada, pues al menos otros cuatro policías han sido citados como testigos el próximo 3 de mayo.
Una vez que finalicen los interrogatorios previstos, con el investigado en último lugar, el juez instructor deberá resolver si el caso denunciado tiene recorrido judicial y hay pruebas para demostrar el presunto acoso, o por el contrario, decreta el archivo.
A la espera de la decisión judicial, apenas han trascendido datos sobre la querella, si bien fuentes próximas al caso indican que cuando la agente no entró al juego supuestamente sexual de su jefe, éste optó por controlarla profesionalmente en todo momento y expedientarla.
El presunto acoso sexual y laboral tuvo lugar ya hace algún tiempo, pero judicialmente tardaron en denunciarse porque la afectada primero dio cuenta internamente de lo ocurrido en un intento de resolverlo por la vía administrativa dentro del propio cuerpo policial, según matizan fuentes del SUP.
