El operativo policial contra el cártel colombiano de Los Boyacos que vio frustradas sus pretensiones de asentarse en España es una de las investigaciones más importantes que, en el ámbito del narcotráfico, se han realizado en los últimos años desde Vigo. Fue un juzgado de la urbe olívica, el de Instrucción 4 al frente del cual está el magistrado Juan Carlos Carballal, el que dirigió la operación que explotó en febrero de 2017: se saldó con 27 detenidos, entre ellos dos importantes capos de Colombia que siguen en prisión provisional, y la incautación de más de 2,4 toneladas de cocaína.

Esta causa judicial, sin embargo, acaba de cambiar de manos. El juez vigués había dictado un auto, con fecha de 19 de febrero, en la que se inhibía en favor de la Audiencia Nacional. En la resolución argumentaba que el caso era competencia de este órgano por dos razones fundamentales: porque en este asunto en el que se instruye un delito de tráfico de drogas los hechos fueron cometidos "por bandas o grupos organizados" y porque los efectos del ilícito "se extienden a más de una audiencia provincial", es decir, la red actuó en múltiples lugares geográficos. El magistrado estimaba que concurrían ambos requisitos y la Audiencia Nacional, efectivamente, acaba de aceptar la inhibición. Del procedimiento se hará cargo concretamente el Juzgado Central de Instrucción número 6.

En el auto del magistrado vigués éste explicaba, en relación con los diversos lugares en los que se movía la organización, que el alijo procedía de fuera del territorio español "y gran parte de la droga fue intervenida en la localidad de Padrón (A Coruña), mientras que otra parte lo fue en Pontevedra". Además, existían otros grupos "más pequeños" que iban a ser los encargados "de ir retirando continuas partidas de sustancia estupefaciente en menores cantidades con destino a otras partes de España, País Vasco y Madrid fundamentalmente".

Los dos principales detenidos, los únicos que a día de hoy siguen encarcelados por esta causa, son Julio Peñaranda Torres, alias El Loco, y Ronal Alfredo Roa Aguirre, El Mono. Ambos supuestamente formaron una "alianza", liderando cada uno su grupo, para introducir más de 2.000 kilos de cocaína en España, logrando así abaratar costes.

El juzgado vigués estima que en este entramado existía una "auténtica organización" con vocación de continuar con el ilícito negocio: había distribución de cometidos y tareas, así como jerarquización y profesionalidad. Así lo ratificó "el gran operativo humano" que formaban parte de las dos ramas que se iban a distribuir la droga.