El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería, el magistrado Rafael Soriano, libró un oficio a la Guardia Civil para que informe del coste total del dispositivo de búsqueda que se activó y mantuvo durante 13 días en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) tras la desaparición del niño de ocho años Gabriel Cruz con el objetivo de sumar la cuantía a la cifra que se establezca como responsabilidad civil en la causa penal que se sigue contra la autora confesa de su muerte, Ana Julia Quezada.
El operativo de búsqueda movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios en el rastreo de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar. En concreto, las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos "especiales" como balsas y pozos.
Medios locales aseguran que han solicitado personarse como acusación popular en las diligencias previas por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral el colectivo "Clara Campoamor"-quienes también se personaron en el crimen de Asunta- y la Asociación Andaluza de Estudios Penales.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 5 acoge este martes el inicio una nueva tanda de testificales en la que están llamadas a comparecer en sede judicial diez personas, entre los que se encuentran algunos familiares del pequeño.
