Fernando G. M., administrador de Darzal y el empresario que ha recibido la mayor pena en el caso de la trama de Las 5 jotas ha ingresado hoy en prisión. Lo ha hecho hoy, días después de que la juez ordenase su entrada en la cárcel ante el riesgo de fuga.
La titular del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo tuvo en cuenta esta circunstancia para decretar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Sentenciado hace solo unos días a 26 años y medio de cárcel por 9 delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, la juez adoptó esta decisión tras una vista celebrada a finales de la semana pasada a petición del fiscal, que, junto al abogado de la Agencia Tributaria, interesó este ingreso inmediato en el penal.
La magistrada dió a Fernando G.M. un plazo de 48 horas para entrar voluntariamente en A Lama. Al no hacerlo, se ordenó "su inmediata detención". Se trata del primer empresario condenado en esta trama -fueron sentenciados en torno a un centenar- para el que se decreta la medida pese a que la sentencia aún no es firme. De hecho, su defensa presentará recurso contra esta resolución y contra el auto de prisión dictado ayer mismo.
Precisamente, en el marco de esta causa, el cabecilla, José Manuel Costas Estévez, jefe de Las 5 Jotas, se fugó hace un año y medio, desconociéndose a día de hoy su paradero y eludiendo así su entrada en el penal. Y contra otro empresario del mismo caso se llegó también a dictar una orden de busca y captura.
La defensa de Fernando G.M. se opuso a la prisión y, de forma subsidiaria, pidió que se le retirase el pasaporte y que se le impusiesen comparecencias en los juzgados. Pero la juez atendió a la petición de las acusaciones. "El riesgo de fuga y sustracción a la justicia es evidente a la vista tanto de la entidad y número de delitos que son objeto de condena, como por las penas impuestas", dice. Además de los 26 años y medio de cárcel, las multas y la responsabilidad civil ascienden a más de 6 millones de euros.
Pese al "arraigo" familiar, empresarial y domiciliario, la magistrada ve peligro de fuga por las altas penas y la "disponibilidad económica" del condenado, que provocan que tenga "facilidad" para "acudir al extranjero" y "sustraerse así de la Justicia española".
