Aunque se le ha levantado la condición de investigada, la figura de Rosario Rodríguez, la mujer de José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", continúa en entredicho por su papel como encubridora. El juez que instruye la causa, Félix Isaac Alonso, reconoció en el auto que el comportamiento de la esposa de "El Chicle" existen indicios de que encubrió el crimen, al estar constatado que contactó ella misma con agentes de la Guardia Civil para "desviar las investigaciones dirigidas hacia su esposo, a pesar de que tenía sospechas de su posible participación en el delito".

La actitud contrasta, se señala en el auto del magistrado, con el hecho de que, durante su declaración judicial, Rosario Rodríguez manifestase que "le preguntó a menudo a "El Chicle" sobre su posible participación en la desaparición de Diana Quer, lo que indica que tenía sospechas de su posible participación en el delito, así como conocimiento de que su esposo estaba siendo investigado por el mismo".

Pese a ello, y aunque el juez dice en la resolución que esta conducta "podría ser moralmente reprobable" al haber entorpecido la investigación policial y dificultar el esclarecimiento de los hechos, la exculpó porque la legislación permite que queden exentos de pena los encubridores que sean cónyuge". En ese auto se también se la descarta como cómplice. Un programa de Telecinco habló con ella tras esta desimputación. "A pesar de mi primera declaración quiero dejar claro que soy inocente. En el momento que tuve conocimiento de su culpabilidad -en referencia a Abuín- no mostré ningún apoyo", explica Rosario.

Por otra parte, la Fiscalía analiza, desde un punto de vista jurídico, si procede o no pedir la reapertura de la investigación sobre la supuesta agresión sexual de la que habría sido víctima la hermana gemela de Rosario Rodríguez, actuando de oficio al igual que también se está valorando por parte del juzgado. Ese delito habría sido cometido por "El Chicle", supuestamente, en el año 2005, y se trata de analizar, entre otras cuestiones importantes, si pudo haber prescrito, según indicaron las fuentes consultadas.

En principio, la nueva normativa en materia de violencia de género fija que los casos de violación prescriben a los 20 años y permite a la Fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigar de oficio.