La plataforma convocante de la huelga en la Justicia gallega, que agrupa a siete sindicatos, ha pedido hoy una negociación con la Xunta y ha alertado de que, si esta no se produce, la huelga indefinida empezará el 1 de febrero de 2018. Una veintena de trabajadores de la Administración de Justicia han esperado hoy al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde se ha reunido con el fiscal superior, Fernando Suanzes.

Allí lo han recibido tanto a él como al director general del área, Juan José Martín, con una sonora pitada y consignas como "No, no, no a la discriminación". Esta es una nueva movilización que se suma a las dos jornadas de huelga celebradas este mes y convocadas por los sindicatos SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO.

El portavoz de A Xustiza CUT, Javier Fernández, ha asegurado a los periodistas que la Xunta "sigue empecinada en no negociar realmente" y "miente en los medios de comunicación". "Rueda en el Parlamento vota que sí -a un planteamiento para dar respuesta a las actuales reivindicaciones-, pero le da otra consigna al director general de Justicia, Juan José Martín, al que le dice otra cosa bien distinta", denuncia Fernández.

Según los sindicados, el 7 de diciembre la Xunta presentó en la reunión "un documento base de negociación carente totalmente de contenido, sin compromiso de garantía" debido a que el Gobierno autonómico no reconoció "la competencia para negociar cinco puntos reivindicados". El 12 de diciembre, fecha del siguiente encuentro, fue "más lamentable todavía", debido a que "no hubo ninguna intención ni siquiera de llegar a un principio de acuerdo", añade Fernández.

Recuerda que los cinco puntos a tratar son el complemento autonómico transitorio, las bajas, las condiciones de los sustitutos, la consolidación de las plazas de refuerzo y la creación de nuevas plazas. Agrega que la postura de la Xunta sobre el primero, que genera una desigualdad con respecto a trabajadores del resto del Estado, es que no habrá "ninguna oferta" mientras esté convocada la huelga.

Acerca de las bajas, donde los trabajadores tienen descuentos a diferencia de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, y de las sustituciones, en las que un sustituto no cobra lo mismo que otro que desempeña idéntica función, el Gobierno autonómico se remite a los ministerios correspondientes.

"No entendemos por qué, pueden ponerle solución como otras comunidades autónomas", continúa Javier Fernández.

En la actualidad no existe un calendario para negociar las consolidaciones de los refuerzos y los sindicatos consideran que los datos sobre creación de nuevas plazas son "mentira". "Dice que las plazas de psicólogos pertenecen a la Administración de Justicia, cosa que no es cierto. También explican que crearon 125 plazas desde 2013 y en realidad amortizaron 106", subraya.

Debido a que no existe "convocatoria para negociar los cinco puntos reivindicados en una única mesa", los sindicatos han comunicado el preaviso de huelga para el día 25 de enero de 2018. El día 1 de febrero se convertirá en indefinida.