Una petición que en el caso de la Fiscalía se situaba provisionalmente en 2 años de cárcel por la presunta autoría de un delito continuado de falsedad, pero que en el de las acusaciones particulares, ejercida por empresas acreedoras, se eleva a 13 años al añadir los ilícitos de estafa e insolvencia punible. El administrador de una promotora, Univercasa, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia viguesa acusado de presentar al banco certificaciones de obra falsificadas en relación con un edificio de viviendas que se realizaba en A Guarda. Todo ello con el fin, supuestamente, de retirar porcentajes del crédito hipotecario que no se correspondían con la realidad de los trabajos ejecutados. Una cuestión que, dicen las acusaciones, fue en perjuicio de trabajadores y de empresas que suministraron material o hicieron labores en el inmueble, cuyos trabajos resultaron impagados. Los hechos se remontan a hace una década.

El acusado, E.G.S., contrató con el Banco de Galicia una hipoteca en garantía de un préstamo que sumó más de 1,5 millones de euros. El dinero era para la promoción y construcción de un edificio en la calle Oliva de A Guarda. Supuestamente, entre enero de 2007 y el verano de 2008 presentó, en una sucursal en Vigo, 16 certificaciones de obra y tres previsiones económicas haciendo constar fraudulentamente la firma de un arquitecto. Así habría logrado retirar porcentajes del crédito "que no se correspondían con la realidad de obra ejecutada". Las acusaciones privadas también le atribuyen estafa y ponerse en situación de insolvencia, en perjuicio de trabajadores y proveedores, reclamando por ello el pago de indemnizaciones.

El promotor se declaró inocente. Tras explicar que los 500.000 euros iniciales del préstamo se destinaron a la compra de los solares y a gastos relacionados y que el millón restante era para la ejecución del edificio, rechazó haber presentado certificaciones falseadas al banco. Al respecto, señaló que estos controles los hacía una sociedad que enviaba la propia entidad y que no se hizo ninguna por parte del arquitecto. "Yo no las elaboré ni di órdenes a nadie para que lo hiciese; no tengo ni idea de como llegaron esos documentos al banco", afirmó. A las empresas que intervinieron en la obra, señaló un abogado, se les dieron pagarés. Pero al vencer se encontraron que no había crédito.