La defensa de uno de los cinco imputados en el juicio por la violación grupal en los Sanfermines de 2016 ha retirado el informe encargado a unos detectives privados sobre el comportamiento de la joven en redes sociales, que, con gran polémica social, había sido admitido como prueba documental y contenía un seguimiento en las redes sociales de la denunciante después de los hechos. La fotografía que se incorporó después sí se mantiene en la causa.

El informe retirado provocó críticas de asociaciones feministas, colectivos sociales y dirigentes políticos, que censuraron que se cuestionara su conducta después de denunciar la agresión.

En la novena jornada del juicio testificó la policía municipal que tomó declaración a la víctima -que en el momento de los hechos tenía 18 años-. Aseguró que la joven "sabía que la estaban grabando" y "no lo hizo constar en la denuncia"; ni tampoco consta en el sumario. Para el letrado de otro de los imputados, Jesús Pérez, saber de la existencia de esta grabación pudo ser la causa de que la joven decidiera presentar una denuncia. Este mismo abogado, que representa a un guardia civil, pidió la nulidad del procedimiento por considerar que su cliente ha visto vulnerado su derecho a la presencia en el pleito durante la fase de instrucción, si bien no ha dado más detalles.

En la sala por videoconferencia, declaró ayer un joven que habló por teléfono con la chica madrileña minutos antes de los hechos, pero que no ha servido a las defensas para reforzar su tesis de la relación consentida. El testigo aseguró no recordar que la mujer le hubiera comentado nada de que estaba con cinco jóvenes ni tampoco sobre mantener relaciones sexuales.

Con estos testimonios han finalizado las sesiones a puerta cerrada para preservar la intimidad de la joven y evitar la exposición de los acusados. El próximo lunes ya con público y prensa, aunque sin grabaciones, comenzará la presentación de conclusiones a cargo de las acusaciones y el martes las defensas.

La Fiscalía mantiene su petición para cada uno de los acusados de 22 años y 10 meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero de robo con violencia, penas que la acusación particular eleva a 24 y la popular, ejercida por el Gobierno de Navarra a casi 26 años .

Las defensas, por su parte, solicitan en un caso la nulidad y en el de los otros cuatro su absolución y, "en principio", según el abogado Martínez Becerra, no se plantean invocar el "error de prohibición" de las relaciones para alegar que sus clientes creyeron que actuaban de forma lícita porque eran consentidas.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, reclacó ayer en Vigo , antes de intervenir en unas jornadas sobre violencia de género, que "hay un aspecto que es claro: aquí no se está juzgando a la víctima ni se está juzgando su vida anterior o posterior".