El juicio contra los cinco acusados de la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona comienza hoy en el Palacio de Justicia de la capital navarra con la tramitación de las cuestiones previas e interrogatorio preliminar a los procesados.
A los imputados, cinco sevillanos que se encuentran en prisión, se les imputan delitos de agresión sexual, robo violento y contra la intimidad, por los que la Fiscalía solicita 22 años de cárcel. l aacusación particular que ejercita la víctima eleva la pena a 24 años y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral a 25 años. Las defensas sostienen que las relaciones fueron consentidas y piden la absolución.
En la primera sesión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se les preguntará si reconocen o no todos o parte de los hechos. Además, en las cuestiones previas se verá la petición del abogado defensor de uno de los acusados de que se aparten del procedimiento las acusaciones populares.
El juicio seguirá el 14 de noviembre con las declaraciones de la víctima y dos testigos. Desde el día15 al 24, que finalizará el juicio, testificarán agentes de la Policía Municipal y de la Policía Foral, varios testigos y peritos. El interrogatorio de los acusados está previsto para el día 23. Al día siguiente, con las conclusiones concluirá la vista.
El juicio se desarrollará íntegramente a puerta cerrada para proteger "el derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una "indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual" que pertenecen a la esfera personal, según la Audiencia de Navarra.
Por tanto, ni familiares de los acusados, ni de la denunciante, ni el público en general, ni los medios de comunicación (hay una treintena acreditados) podrán acceder a la sala de vistas.
El Colegio Navarro de Periodistas ha pedido que se reconsidere esa decisión y se preserve únicamente la declaración de la víctima y la reproducción de imágenes relativas a los hechos. Argumenta la "posible precariedad" de la calidad de la información si ésta ha de ser recabada de los abogados.
