No dictaron sentencia in voce pero su decisión también puede terminar con uno de los acusados en prisión. Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de M. B.R., un marinero de Baiona que iba a ser juzgado ayer por un delito de lesiones y que no acudió a la vista por encontrarse enrolado en un pesquero en aguas de Namibia. El tribunal optó por esta orden tras suspender el juicio una segunda vez ante la "evidente intención" del varón de "no personarse en esta sala". Se dio la circunstancia de que este encausado había sido citado hace meses y, aún conociendo la fecha en que iba a ser juzgado, se embarcó como tripulante de un pesquero que faena en el Sur de África.
Su defensa esgrimió la importancia de este trabajo para su cliente al contar con una mujer y dos hijas que necesitan de sus ingresos, sin embargo los magistrados reafirmaron su mandato y fijaron el día 15 de enero para la celebración de la nueva vista.
Denuncias anteriores
Este acusado estaba llamado a sentarse en los banquillos de la Audiencia junto a su hermano y otro familiar como presuntos autores de la paliza que recibió hace ya siete años otro vecino de Baiona en el muelle. La fiscal pide para cada uno de los encausados la pena de 3 años de prisión. Además, explica en su escrito de calificación que entre los tres acusados y la víctima existían "problemas" previos. Uno de los acusados era presidente de la comunidad de montes de Baíña cuando promovió un gran vertido ilegal en el entorno del castro de A Peniza, aterramiento por el que la Xunta sancionó al colectivo con multas de hasta 9.000 euros. Las quejas vecinales por el atentado ecológico no dejaron de sucederse hasta que se presentó una denuncia. Al frente de la misma se encontraba la víctima de la agresión objeto de juicio ayer en la Audiencia viguesa.
Si bien en el escrito de acusación no se hace referencia a los hechos que derivaron en la presunta paliza, sí evidencia la enemistad que mantenían previamente los acusados y la víctima, conflictos que podrían haber desembocado en la citada denuncia por los vertidos ilegales.
