La toma de declaraciones a tres de las 26 personas investigadas por sus supuestas relaciones societarias con el clan de los Morones pasó ayer a un segundo plano tras presentar el abogado Cándido Conde-Pumpido, defensor del encarcelado Saúl Giménez Jiménez y, desde ayer, también de su hermana Irene, un incidente de recusación contra el magistrado que instruye la causa y titular del Juzgado número 3 de Cangas, David Pérez Laya. Le atribuye "enemistad manifiesta" con su representada y el conjunto de su familia y con los letrados personados en la defensa de los investigados, así como "amistad íntima" del juez con la representante del Ministerio Fiscal. Conde-Pumpido reclama al órgano judicial competente -en este caso la Audiencia Provincial- que atienda a sus razones y "aparte definitivamente" a Pérez Laya "del conocimiento de las presentes diligencias previas".
El incidente de recusación ha sido admitido a trámite por el propio juez y deja provisionalmente el asunto en manos del titular del Juzgado número 1 de Cangas, Adriano J. Alfonso Rodríguez, que abre tres días de plazo para que tanto la fiscal como las demás partes personadas manifiesten si se adhieren o se oponen a las causas invocadas. El primero en posicionarse ha sido el abogado cangués Alfredo Iglesias, que ejerce la defensa de uno de los testigos protegidos. Se opone rotundamente a la recusación de Pérez Laya, que, dice, "es una vieja aspiración de la defensa de los Morones" con el objetivo de "poner trabas y dilatar una instrucción modélica, con el auxilio inestimable de la fiscal Susana Unzueta Albo", de la que destaca una actuación "impecable, profesional y entregada" para investigar esas conductas de apariencia delictiva.
Posible "indefensión"
La tirantez en las relaciones profesionales del abogado de parte de la familia Giménez Jiménez con el magistrado es más patente desde que Pérez Laya fijó los nuevos interrogatorios para este mes de agosto, cuando los Juzgados solo suelen atender asuntos de urgencia. Esa premura, entiende Conde-Pumpido, dificulta los desplazamientos de letrados que disfrutan del período vacacional y se ven incapaces de revisar todo el expediente, lo que repercute en la "indefensión" de sus clientes. Asegura que sus peticiones y recursos para intentar suspender las comparecencias no han dado frutos y confía en que la recusación del instructor prospere y Pérez Laya tenga que dejar el puesto a otro magistrado.
