La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Bautista y su hija por apoderarse de 1,1 millones de comunidades

► La acusación pública atribuye a ambos imputados un delito continuado de apropiación indebida ► Solicita que indemnicen a los perjudicados con la cantidad millonaria con la que se quedaron

03.07.2017 | 15:02

La Fiscalía pide 7 años de cárcel y multa de 2.520 euros para Rafael Bautista e idéntica condena para su hija María por el caso del fraude detectado en las comunidades de propietarios y que ha sido objeto de una larga y compleja investigación judicial que ya ha finalizado. El Ministerio Público ya remitió su escrito de calificación provisional al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que en la jornada de hoy lo ha notificado a las partes. En el referido escrito la fiscal atribuye a ambos acusados la supuesta comisión de un delito continuado de apropiación indebida.

Además de la pena de prisión y multa, se solicita que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a las 82 comunidades de propietarios perjudicadas (en una decena de casos se trata de particulares) en una cantidad que en total supera los 1,1 millones de euros. En el caso de esta responsabilidad civil, la Fiscalía demanda asimismo que responda como responsable civil subsidiaria la entidad Bautista Administradores Vigo SL y de forma solidaria dos aseguradoras, en este último caso hasta los importes temporales máximos fijados en la pólizas que se habían suscrito.

La Fiscalía sostiene en su escrito que padre e hija venían ejerciendo la actividad de administración de fincas a través de Bautista Administradores. Desde su constitución, en 2005, ambos eran socios y administradores solidarios. Esta empresa llevaba la administración de un "importante número de comunidades de propietarios" de edificios de Vigo, así como la gestión de otros inmuebles pertenecientes a particulares. Siempre según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, entre 2008 y abril de 2013 los acusados, "guiados por ánimo de ilícito beneficio económico", se apoderaron, "desviándolo y utilizándolo para sus propios fines", de gran parte del dinero que existía en una cuenta única, así como del que había en las "respectivas cuentas" de las que eran titulares las comunidades gestionadas, por el sistema de cuenta propia. Ello se hacía, refiere la Fiscalía, "principalmente emitiendo recibos duplicados, librando talones contra dichas cuentas, así como realizando traspasos o transferencias desde las mismas que bien no se correspondían a deuda alguna de las comunidades o bien no se aplicaban al pago de las deudas realmente contraídas por las mismas, lo que generó, además, tanto descubiertos en las cuentas de algunas de ellas, como recargos que tuvieron que ser asumidos por las comunidades administradas".

Además, se refiere, los acusados se apoderaron supuestamente de gran parte del dinero procedente de los arrendamientos de los inmuebles que administraban. El total de cantidades defraudadas y los perjuicios ocasionados a las comunidades de propietarios y a la decena de particulares afectados asciende a 1.144.113 euros.

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